Alcoa ofrece salvar 200 empleos y condiciona los otros 500 a que aparezca un comprador

Alcoa ha desconcertado a los sindicatos con los que negociaba el expediente de despido colectivo para los casi 700 trabajadores de las fábricas de aluminio primario de A Coruña y Avilés. Porque ya no quiere prescindir de todos ni cerrar las plantas. Ahora les ofrece una cal y de otra de arena. Por un lado, seguir operando las instalaciones, pero solo una parte de ellas, las de fundición, más la torre de pastas de A Coruña, «aunque estas instalaciones son deficitarias», reconoce la propia Alcoa. Ahí seguirían trabajando unos 200 operarios entre A Coruña y Avilés. A los otros 500, del área de electrolisis, el corazón de las fábricas, se les aplicaría un expediente de regulación temporal de empleo hasta junio, porque las cubas se pararían a partir de febrero. Si de aquí a verano aparece un comprador, estupendo; pero si no es así, ese medio millar de empleados serían despedidos, y las cubas, demolidas.

La compañía ya avanzó el miércoles pasado que estaba dispuesta a aguardar a junio para desmantelar totalmente las cubas de electrolisis de forma que si aparecía un inversor pudiera volver a ponerlas en marcha. Fuentes de Alcoa precisaron que si hay una oferta seria y viable para las plantas, el objetivo es venderlas al completo, no solo la electrolisis. Pero si no la hay, conservarían en funcionamiento solo fundición.

La electrolisis es el proceso fundamental para la conversión de alúmina en aluminio y el más costoso por el elevado consumo eléctrico que precisa. El precio de la energía es uno de los factores que alega Alcoa para querer cerrar las fábricas. Con lo cual, sin electrolisis se quitará de encima un gasto importante, pero ya no podría elaborar aluminio primario. De este modo, la propuesta de la multinacional incluye empezar a elaborar otros productos diferentes en las fundiciones que parece dispuesta a conservar. Productos como chatarra, explicaron fuentes sindicales.

Esta nueva alternativa, que da un vuelco a la crisis abierta por la multinacional en octubre, cuando anunció sus planes iniciales de cerrar todo, fue avanzada en la reunión que el martes mantuvieron con el secretario general de Industria, los consejeros de Industria de Galicia y Asturias y los sindicatos estatales.

La oferta de la multinacional le llegó a los comités acompañada de un plan social para los despedidos. Si finalmente se van a su casa ese medio millar de operarios, lo harían con una indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de dos anualidades.

Prejubilaciones y recolocaciones

El plan social incluye prejubilaciones voluntarias para los empleados de San Cibrao con 57 años o más a 31 de diciembre del 2018. Sus puestos serían ocupados por medio centenar de operarios procedentes de A Coruña y de Avilés. También están previstas prejubilaciones obligatorias para los que tengan entre 57 y 63 años de esas dos últimas plantas, que son 22 personas, según la comisión negociadora.

La empresa pretende tentar a los sindicatos con esta oferta, y les exige que si quieren asegurar al menos 200 de los 700 empleos firmen ahora, el martes a más tardar, esos despidos en diferido de dos tercios del personal aproximadamente.

Pero los representantes de los trabajadores ya han anunciado que en ningún caso aceptarán tal «propuesta intolerable», y que seguirán peleando por el mantenimiento del 100 % de las plantillas de A Coruña y de Avilés, tal y como subrayó el presidente del comité de la planta asturiana, José Manuel de la Uz.

Roberto Teijido, asesor de UGT en las negociaciones, habló incluso de propuesta «trampa» porque en realidad no había garantía alguna de que Alcoa no cierre también las fundiciones más adelante. Teijido acusó a la multinacional de «falta de seriedad».

La comisión negociadora le exigió a Alcoa copia del contrato de compra venta de Inespal para demostrar que no cumplió sus compromisos de inversión que figuran en él. También le plantearon a la multinacional que le dé al Gobierno el dinero que le costaría desmantelar A Coruña y Avilés, y que le traspase la titularidad de las plantas para buscar «sin presión» comprador.

Hace veinte años compró nueve fábricas estatales, de las que solamente conserva cuatro

La multinacional Alcoa se quedó con la empresa pública Inespal en 1998 tras pagar por ella 61.500 millones de pesetas. El grupo estadounidense se quedó con cuatro grandes divisiones de negocio, nueve plantas industriales y los servicios centrales de Madrid. De esas nueve fábricas, solo mantiene cuatro, si se tiene en cuenta que en realidad en San Cibrao (Cervo) funcionan dos instalaciones diferentes, una elabora alúmina y otra aluminio primario. Conserva además, de momento, las de A Coruña y Avilés. Por el camino se quedaron las de Amorebieta y Alicante, que Alcoa vendió a un grupo inversor y que ahora funcionan como Aludium. También se desprendió de otra en Sabiñánigo, que adquirió el grupo español Alibérico. Tanto este como Aludium sonaron como posibles candidatos a comprar las plantas de A Coruña y Avilés cuando Alcoa abrió un proceso de búsqueda de compradores, hace un par de años.

Alcoa compró Inespal en condiciones ventajosas. El Estado le garantizó ayudas para costear el elevado consumo eléctrico de las fábricas. Además, la operación de venta coincidió con la entrada en vigor de la nueva ley eléctrica, que consagró la libre elección de suministrador para grandes consumidores.

Pero el maná se acabó a partir del 2015. Los incentivos eléctricos se empezaron a repartir desde entonces en subastas competitivas. Tras la primera, de hecho, la multinacional presentó su primer ERE de extinción, que finalmente retiró. Ahora alega que el coste de la energía ya no es el principal factor que motiva la crisis de las plantas.

---

---

---