La Autoridad Fiscal propone endurecer el acceso a la pensión a cambio de subirla con el IPC

Pide que se retrase la edad de jubilación y se computen más años cotizados para calcular el importe de la prestación


Redacción / La Voz

El sistema de pensiones tiene un déficit estructural que supera los 17.400 millones de euros al año. Es el diagnóstico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el guardián de las cuentas públicas impuesto por Bruselas tras el rescate, que, tras conocer la decisión del Gobierno de volver a ligar la subida de las pensiones con el IPC, ha querido hacer una llamada de atención sobre la situación financiera de la Seguridad Social.

De su análisis se desprende que el sistema tiene un déficit estructural que se sitúa entre el 1,3 y el 1,5 % del PIB. Lo prioritario, concluyen, es cerrar cuanto antes ese agujero, puesto que el goteo de noticias que ponen en duda sobre la viabilidad del sistema «genera distorsiones en la toma de decisiones de los agentes económicos, tanto de los pensionistas como de los cotizantes, afectando a sus decisiones de ahorro y consumo». Puede provocar, incluso, un aumento de la economía sumergida ante el intento de ahorrarse la cotización, ante el temor de que estas no se traduzcan en una pensión futura.

Por ello, la AIReF propone que el Estado se encargue de arreglar el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social, con medidas como redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales (elevando los destinados a financiar el sistema de pensiones y reduciendo en la misma cuantía el dirigido a la cobertura por desempleo) o asumir directamente los costes no contributivos del sistema (gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, bonificación de cotizaciones para fomentar el empleo, prestaciones por maternidad y paternidad y las subvenciones a regímenes especiales).

El problema, el largo plazo

Solventado lo urgente, llega lo importante: garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Una ecuación compleja, que se complica por el envejecimiento de la población, que dispara el gasto en pensiones, y por el consenso político para volver a actualizar las prestaciones de acuerdo a la inflación. De hecho, la AIReF da por hecho, y así lo asume como escenario central de su estudio, que el Gobierno no se limitará a aplicar el IPC como factor de revalorización este año y el próximo, como en principio ha anunciado, sino que mantendrá esa política a futuro.

Para poder financiar ese sobrecoste, el organismo propone profundizar en las medidas recogidas en la reforma de las pensiones del año 2011, la del Gobierno Zapatero. En ese sentido, cree que endureciendo aún más el acceso a la pensión se podría lograr un ahorro similar al que proporcionaría la aplicación del IRP, el índice de revalorización aprobado por el Ejecutivo del PP en la última reforma del sistema, que limitaba en la práctica las subidas anuales a un pírrico 0,25 %, que no cubría el aumento del coste de la vida.

Sobre la edad de retiro, la AIReF incide en que la edad efectiva de jubilación en España (62,4 años) sigue casi dos años por debajo de la media de la OCDE, por lo que propone modificar los requisitos de acceso a la pensión (ordinaria y anticipada) para fomentar que los trabajadores salgan más tarde del mercado laboral. Asimismo, reclama que se amplíe el período de referencia para el cálculo de la pensión, fijado actualmente en 20 años (y que llegará a 25 en el 2022), proponiendo incluso que se calcule sobre toda la carrera de cotización del trabajador.

El sistema de pensiones pide ayuda a gritos

Gladys Vázquez

A pesar de la mejoría del mercado laboral, en Galicia hay 1,3 cotizantes por pensionista. La demografía no ayuda y la factura de las pensiones supera por primera vez los 9.300 millones

Cada vez hay menos trabajadores y sus empleos son cada vez más precarios. Es el escenario que marca el futuro de las pensiones. La Seguridad Social no deja de perder ingresos y el último mazazo demográfico confirma que la tendencia no mejora. Galicia tiene ya menos de 2.700.000 habitantes. Es decir, el censo de 1972. Desde hace 30 años mueren más de los que nacen.

En Galicia se pagan en total 760.000 pensiones. Es decir, hay 1,3 cotizantes por jubilado. La media española son 2,2 por pensionista.

El 2018 se cerró en España con un gasto en pensiones mensual de 9.300 millones de euros, 6.600 en jubilaciones. Un 4,92 % más que en diciembre del 2017. La diferencia entre ingresos y gastos es de más de 4.500 millones. «La demografía influye, pero el problema es económico. Nuestro mercado laboral es incapaz de generar rentas que autofinancien el actual sistema de pensiones contributivas», explica Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo. «Hacen falta empleos de calidad, que posibiliten remuneraciones y cotizaciones más elevadas. El problema de las pensiones será mayor cuando se jubile la generación del baby boom: han tenido cotizaciones elevadas y durante muchos años. Hay que pagarles una pensión mayor». Y es que son muchos los que se cuestionan si, en el actual escenario, los hoy en día cotizantes tendrían que aportar más. «Urxe derrogar a reforma laboral e recuperar a causalidade na contratación. Non se trata de que todo o mundo achegue máis, senón de que sexa proporcional aos ingresos de cada persoa. Ademais, habería que penalizar a contratación temporal inxustificada», argumenta Maica Bouza, secretaria de Emprego e Previsión Social de CC. OO. de Galicia. «O principal problema da mocidade é a falta de emprego. Sen el, non hai proxecto de vida no presente, nin prestacións futuras», añade Bouza. Y es que más o menos afectados por la crisis, España sigue en el segundo puesto del ránking en desempleo juvenil de la UE, solo por detrás de Grecia. «El problema demográfico se veía venir y, con la crisis, ha ido a más. Las pensiones necesitan un auténtico pacto de Estado y en él habría que determinar si vamos hacia un modelo público de pensiones, mixto o privado. Aun así, hay que recordar que las pensiones están garantizadas por la Constitución», dice Carmen Judel, economista y socia del despacho Caruncho, Tomé y Judel.

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