El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid registrará hoy en el Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones del pleno del pasado 6 de noviembre, en el que los magistrados del alto tribunal rectificaron una sentencia previa para dictaminar que deben ser los clientes quienes abonen el impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas.
Con esta iniciativa legal, el consistorio de la localidad madrileña denuncia que, tras dos días de deliberaciones, el pleno del Supremo dictó un fallo «en contra de sentencias firmes anteriores», obligando a los consumidores a afrontar el pago del impuesto.
Y es que el embrollo legal sobre el impuesto de las hipotecas deriva, precisamente, de un recurso presentado ante el Supremo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que daba la razón a la empresa municipal de vivienda de Rivas y fallaba que debían ser los bancos los que abonasen el impuesto de la hipoteca, un criterio que cambiaba la jurisprudencia que venía aplicando el Supremo, que primero avaló el giro en la doctrina para después corregirse a sí mismo. Ante el revés del alto tribunal, el consistorio no descarta llevar el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si no prospera el incidente de nulidad ante el Supremo.
En el recurso, argumenta que hay tres sentencias firmes anteriores que dictan que son los bancos los que deben abonar esa tasa y que en este caso se han vulnerado las garantías procesales, el derecho de tutela judicial y el artículo 14 de la Constitución, en el derecho a la igualdad en la aplicación de la norma.