La jubilación se retrasa desde enero hasta los 65 años y ocho meses

Podrán hacerlo a los 65 y con el 100 % quienes hayan cotizado 36 años y 9 meses


santiago / la voz

La reforma del sistema de pensiones que aprobó el PP en plena crisis para garantizar la sostenibilidad económica del modelo sigue su curso. No será hasta el 2027 cuando todos los trabajadores se jubilen a los 67 años y, mientras tanto, año a año, han ido aumentando los meses. Hasta ahora era de uno en uno, pero desde el 2019 al 2027 será de dos en dos por ejercicio. Con motivo de esta reforma, el arranque del 2019 traerá un nuevo cambio: la jubilación se retrasa a los 65 años y ocho meses, dos más que el límite que estaba establecido en el 2018. Esta es la regla general, porque aquellos que tengan cotizados más de 36 años y nueve meses podrán hacerlo a los 65 años con el 100 % de la pensión. El resto, no.

En una sociedad lastrada por el envejecimiento demográfico, con esta medida se pretende contar con mayor población ocupada que aporte a la caja. Con cada trabajador que llegue activo hasta los 67, no solo se gana un cotizante durante dos años más, sino que además esa persona deja de gastar otros dos.

La reforma del sistema de pensiones también estableció que aquellos trabajadores que llevan a sus espaldas una carrera laboral larga podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 36 años y nueve meses o más. Sin embargo, por cada ejercicio que pasa, se aumenta ese período en tres meses hasta llegar así hasta el 2027. Entonces, cuando alguien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses. Desde el 2013 también se empezó a incrementar de una manera gradual el período de cómputo de tiempo trabajado para calcular la pensión. Y se viene haciendo a razón de año por ejercicio, de forma que en el 2022 se tomarán en cuenta con los 25 últimos años cotizados. En el 2019 se hará con los últimos 22, frente a los 21 del 2018. De este período, al menos dos años deberán estar incluidos en los 15 últimos ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación del cotizante.  

Un cambio que no verá la luz

Sin embargo, el llamado factor de sostenibilidad, uno de los aspectos más controvertidos de la reforma del sistema que emprendió Rajoy, y que estaba previsto para este 2019, ha quedado aplazado hasta el 2023, tal y como consta en el acuerdo que alcanzó el Gobierno anterior del PP con el PNV, justo antes de que fuera desalojado por la moción de censura.

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha insistido en que este aspecto de la reforma nunca verá la luz. Además de desvincular la revalorización de las pensiones de la evolución de los precios y tomar como referencia variables que inciden en los ingresos y los gastos del sistema, el factor de sostenibilidad afecta al cálculo de la primera pensión de los nuevos jubilados, ajustando el importe de la prestación a la esperanza de vida que exista en ese momento.

Lo acontecido con el sistema de pensiones plantea otro debate a nivel social: hasta qué punto toda la reforma del sistema debe hacerse por la vía de recortar gastos, en lugar de aumentar los ingresos. Hay países que financian los desequilibrios de la caja vía impuestos e incluso se ha planteado por qué se tienen que financiar prestaciones de carácter asistencial, no contributivas, con cargo a las cotizaciones.

A todo lo anterior se añade otro problema endémico: la precariedad laboral. La Seguridad Social pierde ingresos pese a que aumenta el empleo. Los que salen aportaban más que los que entran nuevos.  

El gasto en pensiones, el 87% del presupuesto de la Xunta

Galicia cerrará este año con un gasto total en pensiones de 8.574 millones de euros, lo que equivale, aproximadamente, a casi el 90 % de todo el presupuesto que maneja la Administración gallega en un ejercicio. Cada año que pasa, Galicia agrava de forma alarmante su dependencia de la caja única de la Seguridad Social. El déficit sigue creciendo: el saldo negativo -diferencia entre ingresos y gastos- fue de 3.543 millones en el 2015; un año después, subió hasta los 4.059, y el pasado ejercicio, según los datos territorializados por la Seguridad Social, se situó en 4.522. Esto significa que en un solo ejercicio aumentó el 11,4 %, y en los últimos dos, el 27 %. Si se toma como referencia no el conjunto de los ingresos y gastos territorializados, sino la parte más importante de la recaudación y del desembolso, es decir, los ingresos por cotizaciones, y el gasto en pensiones, la evolución es muy similar. A falta de ver cómo concluye este 2018, el pasado año, por ejemplo, los ingresos por cotizaciones en Galicia fueron de 4.153 millones, mientras que el gasto en pensiones se situó en 7.818,1.

Esto significa que lo recaudado por las aportaciones de los trabajadores apenas sirvió para sostener el 53,1 % del coste de las prestaciones, en su mayoría de jubilación. Este desequilibrio no se presenta con igual intensidad en las distintas zonas de Galicia. Es en las áreas del rural, más despobladas y envejecidas, y con menor actividad económica, donde hay una mayor desproporción entre cotizantes y pensionistas, es decir, entre personas que financian la caja y ciudadanos que viven de ella. 

Desequilibrios

Los datos del IGE sobre las rentas de los hogares desglosados a nivel municipal muestran que en 256 ayuntamientos de la comunidad gallega, el 81 % del total, las cotizaciones de sus ocupados cubren menos del 85 % del gasto que tiene ese municipio en prestaciones públicas, la mayoría jubilaciones.

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