Los trabajadores de Alcoa piden el amparo de Bruselas para evitar el cierre

La Comisión Europea admite que hay margen de maniobra para que España aumente las compensaciones por CO2


Bruselas

«É escandaloso e insólito que sexa o comisario europeo o primeiro en recibir ós traballadores de Alcoa», lamentó esta mañana el secretario general de la CIG, Paulo Carril, acompañado por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Lo hizo desde Bruselas, a donde se desplazó una comitiva gallega de trabajadores de la empresa para pedir el amparo de las autoridades europeas.

Denuncian las «negativas sistemáticas» de la Xunta de Galicia y el Gobierno español a atender sus demandas a pocos días para que expire el plazo fijado por la multinacional estadounidense para bajar la persiana a las plantas de A Coruña y Avilés. Una clausura que dejaría en la calle a sus cerca de 700 empleados (el 27 de diciembre con prórroga hasta el 15 de enero). El tiempo apremia y los afectados se aferran a las promesas de colaboración del comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Ángel Arias Cañete. Es la última bala en la recámara. Han llamado a todas las puertas, sin éxito.

El madrileño los recibió en su despacho del Berlaymont, sede de la Comisión Europea, para tomar nota de sus planes para reflotar las plantas. La plantilla exige diseñar una tarifa eléctrica especial «estable e predecible» para la industria electrointensiva, sin pagar peajes como primas a renovables, costes extrapeninsulares o pagos por capacidad. Un coste que debería ser absorbido, según sus portavoces, por los presupuestos del Estado a cambio de obligar a las empresas beneficiarias a hacer inversiones productivas y compromisos para mantener el empleo y las condiciones laborales. Dentro de esa hoja de ruta se propone también abaratar los precios generales de la energía excluyendo del pool a las hidráulicas y nucleares. Nadie comprende por qué los precios altos de la energía obligan a cerrar industrias en una región productora con excedentes como es Galicia.

Otra de las demandas que lanzaron con el aval de Bruselas es la de aumentar las compensaciones por CO2. Carril reprocha al Ejecutivo español su dejadez y falta de interés en proteger a la industria gallega frente a sus competidoras de otros países, donde no son penalizadas por contaminar. Los porcentajes de retribución españoles (1.6%) son «ridículos», según el portavoz del sindicato, quien apunta que en países como Alemania alcanzan el 38%. Bruselas respalda sus tesis. «Hay margen de maniobra dentro de los mecanismos de compensaciones dentro del sistema de emisiones, pero depende del Gobierno español (…) Ellos deciden si utilizar el dinero de los presupuestos para el sistema de comercio de emisiones, utilizarlo para compensar más a los consumidores de energía», reconocen fuentes comunitarias.

A la espera de que el Ministerio para la Transición Energética y el Ministerio de Industria muevan ficha, los trabajadores de Alcoa ya han reclamado a Bruselas que le otorgue al aluminio el mismo estatus que el acero, sector estratégico de la UE sometido a protección. «Ten que ser así polo nivel de ocupación e o nivel de riqueza que produce no país», sostuvo Carril, quien descarta que las investigaciones de la Comisión en torno a la incompatibilidad de las ayudas españolas a la interruptibilidad vayan a repercutir negativamente en la plantilla, a pesar de que el dosier podría culminar con el reembolso de ayudas millonarias por parte de las beneficiarias como Alcoa.

La compañía no se libró ayer de las críticas de los empleados, quienes volvieron a acusar al gigante estadounidense de chantajear «utilizando ós traballadores como rehéns» y le exigieron que aplace el cierre para dar tiempo a Madrid a poner en marcha los cambios legislativos. «Alcoa adquiriu plantas de aluminio tras proceso de privatización. O que non pode facer é que despois de muxir a vaca, pretenda mandala ó matadeiro», le reprocharon. La plantilla anuncia nuevas movilizaciones. Ni las fiestas navideñas aplacarán sus protestas: «Non imos parar», insisten. Para el próximo miércoles está prevista una marcha simultánea en Galicia y Asturias que confluirá en el puente viejo que une ambas regiones. «Petaremos en todas as portas que sexan necesarias para atopar solucións», anticipan. 

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