Juzgados gallegos tumban por usura y falta de transparencia las «revolving»

En la mayoría de los casos se concluye que el usuario no recibe información clara o incluso carece de contrato


REDACCIÓN / LA VOZ

Las sentencias se acumulan cada mes por decenas en los despachos. Solo en dos días han recibido ocho en el bufete vigués de David Alfaya. Los tribunales dan la razón a los gallegos afectados por los préstamos revolving en un alto porcentaje. Fuentes jurídicas calculan que las demandas contra entidades que prestan ese dinero fácil se están ganando en más del 90 % de los casos.

Aunque cada situación tiene sus particularidades, las estrategias de los abogados suelen ir por dos vías: la falta de transparencia y los intereses usurarios. «En algunas sentencias se dan ambas», dice la letrada Ana Reza.

Los créditos revolving ofrecen al consumidor una cantidad de dinero entre los 600 y los 6.000 euros que puede devolver como considere. Si liquida lo dispuesto cada mes, no hay problema. El conflicto surge cuando el cliente establece una cómoda cuota y los intereses empiezan a multiplicarse. Los jueces determinan que en la mayoría de las ocasiones no queda acreditado que el usuario tuviese a su disposición esa información de forma clara. Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Vigo de hace solo unos días apunta a que en la contratación de una estas tarjetas «se desconoce la fecha exacta del contrato».

Además, incide en que los intereses se encuentran tras una «abrumadora cantidad de información y repartidos en 17 apartados con epígrafes redactados en letra pequeñísima». Es lo que dice la jueza sobre un interés del 24,71 % TAE. En otro caso, también gallego, la magistrada determina que se «desconocen las condiciones de contratación de la tarjeta, ya que no se ha aportado el documento de solicitud del prestatario». Es más, incide en que las condiciones del préstamo solo se conocieron cuando la propia usuaria pidió a la entidad el contrato. Eso sucedió en el 2017, siete años después de empezar usar la tarjeta. «El banco tiene que ganar dinero, pero tiene que explicar las condiciones de forma clara. El consumidor es la parte débil. Si lo quisiesen hacer con transparencia, lo harían», coinciden los letrados.

Del mismo modo, vuelve a la actualidad un término centenario: la usura. Los jueces condenan a los bancos en base a la conocida como Ley Azcárate de 1908, que prohíbe cobrar intereses desproporcionados. También con una sentencia en la mano del 2015 del Tribunal Supremo, que dice que hay usura en todos los intereses que superen el 24,5 % TAE. Quien marca el precio del dinero es el Banco de España con unas tablas públicas. Un amplio abanico según el producto contratado. En el caso de las revolving, los usuarios pagan hasta el 30 % de intereses. En algunos casos, el triple de lo determinado por el supervisor bancario. «La Justicia pone en el tejado de las entidades justificar por qué cobran a ese precio el dinero. No pueden porque no suelen hacer una valoración del riesgo». 

¿Qué dicen las entidades?

Las entidades comercializadoras han rechazado hacer pública su versión, pero sí se reconocen preocupadas por el aumento de demandas en los juzgados. Por norma general, mantienen que sus clientes tienen la información de su crédito, amortización e intereses a su disposición de forma constante, que son transparentes, pero también inciden en un detalle: insisten en que estas tarjetas son un producto de alto riesgo, con lo que justifican su altísimo precio.

«Me puse la cuota más baja, no sabía que me metía en la ruina»

A esta gallega, de 57 años, le llegó una tarjeta a casa cuando más la necesitaba. Sin trabajo y esperando la risga, asegura que tanto ella como su pareja estaban en una situación extrema. «Me decían en la carta que podía disponer de 300 euros. Yo no podía más y la usé. Como la cosa no mejoró, seguimos tirando de ahí para poder ir viviendo. Me puse la cuota más baja e iba pagando. No sabía que me metía en la ruina. Que no estaba amortizando nada», explica. Lo más curioso fue cómo contrató supuestamente el préstamo. Tiempo antes, esta mujer había financiado una intervención dental. En ese contrato, firmaba la revolving. «Protesté y me dijeron que estaba en el contrato cuando pedí el dinero para los dientes. Yo no tengo nada con ellos para que me manden esa tarjeta». Al empezar a usarla, hace cuatro años, se desencadenó todo el problema. «He empleado unos 2.000 euros y mi abogada ya me ha dicho que he devuelto 1.500, solo en intereses. He dejado de pagar y estoy esperando a que me demanden. Tengo miedo de que se diga multiplicando y me quede una deuda enorme». 

«Pedí 20.000 euros y he pagado ya 30.000, ¿qué más quieren»

Esta coruñesa de 45 años tuvo que decidir entre pagar su hipoteca o seguir abonando la que había comprobado que era una cuota eterna. Optó por lo último y directamente dejó de pagar su revolving. Eso sucedió en el 2012, pero esta gallega llevaba en una espiral sin fin desde 1999. «A mi trabajo llegó un comercial ofreciéndome la tarjeta. No me dijo que era de este tipo. La verdad es que cubrí un papel, lo firmé y punto». La afectada fue pagando con normalidad hasta que llegó el día que se quedó sin trabajo. «Dejé de pagar las cuotas. Había hecho cuentas y aquello era una locura. Me empezaron a llamar y me amenazaban, pero preferí llegar a ese extremo. Todo eran malas palabras. Así todo el rato», explica.

Esta coruñesa llegó a disponer de 20.000 euros a través de su tarjeta. «Ya les he pagado 30.000. Es decir, 10.000 más de lo que gasté. Aún me están pidiendo 10.000 euros más. ¿Qué más quieren? Esto está suficientemente pagado». Ahora tiene el caso en manos de la abogada Elena Pernas. «El interés llegó a ser de un 28 %. Los recibos, de 300 euros».

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