Alquileres más largos, fianzas más bajas, pero no habrá límites a los precios

Los contratos se alargan hasta los cinco años y el depósito no podrá exceder de dos meses


madrid / colpisa

El Gobierno de Sánchez llegó a la Moncloa con la determinación de «intentar revertir» la actual situación del mercado de la vivienda y su principal iniciativa ha sido aprobar en Consejo de Ministros un real decreto ley de medidas urgentes y de «absoluta necesidad» en materia de alquiler. Entrará hoy en vigor, tras su publicación en el BOE. Estas son las principales novedades:

Contratos

Pasan de 3 a 5 años. El Ejecutivo quiere volver al escenario anterior al cambio de ley del PP del 2015 para que los inquilinos puedan permanecer en el inmueble con prórrogas del contrato hasta cinco años. Si el casero es una persona jurídica (empresas o fondos de inversión, por ejemplo), los contratos serán de una duración mínima de siete años. Y las prórrogas tácitas (esto es, si las partes no dicen si quieren renovarlo o no), que con la ley del 2015 también se rebajaron a un año, vuelven a ser de tres.

Fianzas

Dos meses como máximo. Los propietarios podrán exigir al inquilino un máximo dos meses de fianza, «a no ser que se trate de contratos de larga duración», para evitar abusos y que los ciudadanos que no tienen tanto dinero ahorrado también puedan acceder a una vivienda en alquiler. Hasta ahora no había límite y eso provocaba que en muchas ocasiones el dinero a aportar antes de entrar a vivir fuera desproporcionado.

Gastos inmobiliarios 

A cargo del arrendatario solo si es una empresa. El arrendatario correrá con los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato de alquiler siempre que se trate de una persona jurídica (una empresa o sociedad). Actualmente, los que acuden a una agencia inmobiliaria a buscar casa para alquilar deben abonarle a esta una mensualidad en concepto de honorarios, una cantidad de la que de ahora en adelante deberá hacerse cargo el arrendador.

Desahucios

Medidas para combatirlos. Los desahucios de alquiler están creciendo un 5 % al año y en el tercer trimestre ya supusieron el 65 % del total, consecuencia de que el 42 % de los hogares destinan más del 40 % de su renta al alquiler, 17 puntos más que la media de la UE. Para combatirlo, el Gobierno modifica la ley para mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales, y regula actuaciones para facilitar la adopción de medidas para atender los casos de las familias de menor capacidad económica, vulnerabilidad social o con mayores cargas familiares.

Fiscalidad

Adiós al AJD. El paquete de medidas establece la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (AJD) en los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable, aunque estos tributos es poco habitual abonarlos en los procesos de alquiler entre particulares. También se modificará la regulación del IBI para eliminar la obligación de repercutirlo sobre el arrendatario en un alquiler social de las Administraciones. Además, los ayuntamientos podrán dar una bonificación del 95 % en la cuota del IBI para las casas con alquiler a precio limitado y, como ya se había anunciado, los que tengan superávit podrán destinarlo a promover su parque de vivienda pública.

Pisos turísticos

Manda la comunidad. Para frenar el avance del alquiler turístico en determinadas ciudades, el real decreto modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan limitar o vetar este tipo de arrendamientos en el edificio, siempre que lo apoyen tres quintas partes de los propietarios.

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