La Justicia europea se suma al asedio a los diésel

Da la razón a Madrid, París y Bruselas, y anula los nuevos topes de emisiones fijados por la Comisión


MADRID / COLPISA

Tres ciudades europeas han ganado la primera batalla sobre las emisiones de gases en sus calles. Una victoria que ha hecho que la Comisión tenga que reformular el reglamento que fijaba los límites (Euro 6) de las emisiones de óxidos de nitrógeno para los ensayos de turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos. Un reglamento, que prevé aplicar coeficientes de corrección a las normas existentes para los ensayos de laboratorio, al que se opusieron Madrid, París y Bruselas, a las que les ha dado la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Este reglamento que provocó la reacción de las tres capitales permite, desde septiembre del 2017, que los fabricantes de coches tengan un margen de tolerancia en sus pruebas del 110 % para las emisiones de óxido de nitrógeno de los nuevos modelos de vehículos que se ponen en circulación durante los ensayos en carretera. Es decir dos veces más que el umbral de tolerancia de 80 mg/km en vigor para las pruebas en laboratorio.

Cuando se estableció la norma, los legisladores entendieron que este margen se justificaba por la consideración de los riesgos de la conducción en carretera. Sin embargo, el TJUE, disiente. «Incluso si debiera admitirse que determinadas limitaciones técnicas pueden justificar una cierta adaptación, con una diferencia como la resultante del reglamento impugnado, resulta imposible determinar si se respeta la norma Euro 6 en estos ensayos», indica el fallo. El tribunal con sede en Luxemburgo estima, por tanto, que la disposición que fija los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno debe anularse y confirma al mismo tiempo el resto del reglamento referido a las condiciones en las que deben efectuarse los ensayos.

Para evitar cualquier incertidumbre jurídica a la espera de una nueva reglamentación, mantiene, no obstante, los efectos de la disposición «para el pasado y para un período razonable que permita modificar la normativa en la materia, período que no podrá exceder de doce meses» para preservar la protección de la salud pública y del medio ambiente y los intereses de los consumidores y los fabricantes.

«Victoria histórica para el medio ambiente, los consumidores y la democracia europea», reaccionó en Twitter la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. «Esta decisión contribuirá a sanear el aire en toda la UE. Es igualmente un momento clave para el acceso a la Justicia en la Unión Europea, porque significa que las ciudades tienen derecho a lleva a las instituciones europeas a la Justicia cuando violan el derecho al medio ambiente», señaló a la agencia AFP Ugo Taddei, jurista de ClientEarth.

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