Gobierno y sindicatos cambiarán la reforma laboral sin la patronal

CC.?OO. anuncia un «acuerdo» en algunos aspectos, que UGT y Trabajo no dan por cerrado


madrid / colpisa

La contrarreforma laboral avanza a buen ritmo, pero será complicado que vea la luz antes de que termine el año, pese a anunciarlo en varias ocasiones la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Es la conclusión del cruce de declaraciones y comunicados a lo largo de ayer en relación con un posible preacuerdo entre Gobierno y sindicatos para derogar aspectos centrales de esa polémica normativa aprobada por el PP en el 2012. Y todo ello con la aparente oposición de CEOE y Cepyme, por no haber sido consultadas antes.

Fue CC.?OO. el primero que lanzó la noticia. «Hemos llegado a un acuerdo importante en la mesa de diálogo social sobre materias que suponen revertir la reforma laboral en aspectos fundamentales, y que van a tener un efecto positivo e inmediato en la recuperación de derechos de los trabajadores», anunció en rueda de prensa su secretaria de acción sindical, Mari Cruz Vicente, que precisó que «no se había sumado» la patronal. Según detalló, el pacto comprendía la recuperación de la ultraactividad (mientras no haya acuerdo para un nuevo convenio, rige el antiguo), la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial, y la recuperación del subsidio para mayores de 52 años.

«La pelota está ahora en el tejado del Gobierno», resaltó Vicente, que invitó al Ejecutivo a «asumir este acuerdo y articular las medidas necesarias para que se cumpla de manera inminente». Y advirtió que, de no ser así, tendrían «un problema» y al «cerco político» que tienen se sumaría «el cerco sindical».

Pero este anuncio contrastaba con las palabras que un par de horas antes había pronunciado Valerio, señalando que las negociaciones para retocar la reforma laboral están «bastante avanzadas», aunque reconoció que «más con el consenso de sindicatos que con el de empresarios». No habló de acuerdo o preacuerdo ni dio por hecha la ruptura de las negociaciones con los empresarios, contrarios a adoptar algunos de esos cambios, principalmente los relativos a la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio del sector sobre el de empresa. Después, su propio ministerio se limitaba a asegurar que «la mesa de diálogo social sigue trabajando».

En esa línea se manifestó UGT. «La negociación avanza, pero sigue sin cerrarse», puntualizó, aunque sí reclamó al Gobierno que pase «de las palabras a los hechos» e insistió al respecto en que «legisle a golpe de BOE si es necesario».

Y es que la organización liderada por Pepe Álvarez hizo hincapié en que algunas de las propuestas tratadas en la mesa de diálogo social «van en la buena dirección», y enumeró las mismas medidas que Comisiones da por acordadas. También habló de la necesidad de desvincular la existencia de las prestaciones del Programa de Activación para el Empleo (PAE) o del Prepara -dirigidas a parados sin prestación- a una tasa de desempleo superior al 15 %.

Sin embargo, UGT se desmarcó de su sindicato hermano y sostuvo que en la última reunión con la ministra, esta misma semana, se acordó «proseguir con la negociación para cerrar un acuerdo final que cierre las mesas de diálogo social».

«Indignación» de la patronal

La cuarta en discordia fue la CEOE, que en otro comunicado mostró su «sorpresa, indignación y preocupación» ante el anuncio de CC.?OO., que interpreta como una «ruptura unilateral del diálogo social por parte de Gobierno y sindicatos» pese a existir «una supuesta mesa de negociación abierta sobre esta materia». Los empresarios criticaron que no se les hubiera informado antes y haberse tenido que enterar solo por la prensa.

Frente a esto, el líder de Comisiones, Unai Sordo, respondió vía Twitter que «no es verdad que se esté negociando nada al margen» de la patronal. «CEOE participa en la negociación en todo momento», insistió. En un principio la patronal también se desmarcó del Plan de Choque por el Empleo Joven aprobado la semana pasada por el Gobierno, pero se sumó a él in extremis. Así, no se puede descartar que, pese a que el Ejecutivo haya podido pactar cambios con los sindicatos, esté esperando convencer a la CEOE para que haya unidad en los agentes sociales.

El Ejecutivo elevará finalmente la base máxima de cotización por debajo del 10 %

No será entre un 10 y un 12 %, como desveló semanas atrás la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), pero casi. El Gobierno elevará la base máxima de cotización finalmente «un poco por debajo del 10 %», según confirmó ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. No obstante, precisó que todavía no se ha concretado la tasa definitiva. Sí descartó que se vayan a incrementar en la misma medida que el salario mínimo interprofesional (SMI), un 22 %, pues «significaría un impacto muy importante». Así, cerca de un millón y medio de trabajadores tendrán que pagar entre todos unos 1.000 millones de euros más al año a la Seguridad Social, según el ministerio, aunque la CEOE reduce su alcance a un millón de personas. La base máxima de cotización la tienen aquellos con unos ingresos superiores a los 45.644 euros al año, la remuneración máxima por la que se debe pagar a la Seguridad Social, de modo que quien gane más no debe cotizar por ello ni tampoco se le aumenta la pensión, cosa que ahora tampoco se hará. Es justo lo que habían pedido los sindicatos, y lo que mejor vendría a las arcas de la Seguridad Social, pero también es lo más polémico, porque ese colectivo de personas pagará claramente más sin que por ello vayan a recibir una prestación algo mayor.

Valerio puntualizó que la pensión máxima subirá igual que todas las demás, es decir, un 1,6 % el próximo año, y no en la misma cuantía en que lo hará su base. Esta, en la actualidad, se sitúa en los 3.803,7 euros al mes, que multiplicados por 12 pagas dan un salario de 45.644 euros brutos anuales.

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