La nueva PAC para el campo gallego, a expensas del «brexit» y el presupuesto

La UE prepara un recorte en los fondos y un seguimiento más exhaustivo de las ayudas a partir del 2021

Unos 32.000 agricultores y ganaderos gallegos reciben actualmente ayudas de la PAC
Unos 32.000 agricultores y ganaderos gallegos reciben actualmente ayudas de la PAC

bruselas / corresponsal

Todos coinciden. La reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) va para largo. La UE ha colgado el letrero de «en obras» hasta nuevo aviso. El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, aseguró recientemente que se trata de un retraso «no dramático», pero lo cierto es que en Bruselas y en el campo cunde la inquietud. Unos quieren dejar cerrada cuanto antes la hucha de ayudas con la que se regará a las explotaciones y cultivos. Otros exigen certidumbre y una hoja de ruta clara para poder adaptarse a los retos de la próxima década, marcada por el sello verde. Pero en la agenda se han colado dos eventualidades de final incierto: el brexit y las negociaciones de los presupuestos europeos para el período 2021-2027.  

El agujero que podrían dejar los británicos en las cuentas obligará a los Veintisiete a reequilibrar las aportaciones o pasar la tijera. La Comisión Europea optó por esta segunda vía al proponer un recorte del 5 % en los fondos de la PAC, lo que se traduciría en una caída del 5,4 % del sobre para España, que dispondrá de 43.777 millones de euros del 2021 al 2027. Solo en Galicia, la PAC inyecta unos 190 millones que se reparten 32.000 agricultores y ganaderos.

Sin cerrar las cuentas agrarias, los expertos negociadores de los países europeos no pueden seguir avanzando en una reforma que podría poner patas arriba al sector agrícola y ganadero. Por el momento, los ministros europeos siguen acudiendo a sus citas periódicas para discutir en la capital comunitaria quién y cómo se podrá beneficiar de la parte más jugosa del pastel presupuestario europeo.  

¿Qué cambia?

La propuesta de reforma de la Comisión Europea ha incorporado nueve objetivos a los que deberán estar dirigidas las ayudas de la PAC: aumentar la competitividad, reequilibrar la cadena de suministro alimentario, acción contra el cambio climático, cuidado medioambiental, preservación de la biodiversidad, garantizar el relevo generacional, revitalizar las áreas rurales, proteger la calidad de la comida y garantizar ingresos justos para ganaderos y jóvenes. Apenas ha tocado su arquitectura, que se seguirá sosteniendo sobre sus dos pilares: los pagos directos (33.481 millones de euros para España) y el desarrollo rural (otros 7.008). Bruselas quiere garantías de que se cumplen las metas, así que exigirá a los países elaborar planes a siete años vista para converger. No se podrán poner en marcha sin su visto bueno. También pasará revista a los informes de progreso anuales encaminados a fiscalizar hasta el último céntimo, y otorgará bonificaciones a quienes apuesten por una agricultura o ganadería más sostenibles.

«En lugar de facer os controis directamente ao beneficiario, controlarase o cumprimento dos obxectivos xerais de cada Estado membro. É unha política máis preventiva que represiva», explicó el conselleiro gallego de Medio Rural, José González Vázquez, tras el último Consejo de Ministros de la UE.

No todo el mundo está de acuerdo con el plan maestro. La eurodiputada popular Esther Herranz cree que la excesiva subsidiariedad «podría provocar distorsiones de la competencia entre agricultores y ganaderos de distintos países miembro» e insta a «ahuyentar el fantasma de la renacionalización» de la PAC, solicitando una lista de criterios unificados que den portazo a la competencia desleal.

Tampoco en el otro espectro ideológico hay satisfacción. «Non é realista acordar un plan estratéxico estatal», sostiene la eurodiputada de AGE Lídia Senra, quien opta por diseñar un «plan estratéxico galego, feito co sector agrícola e gandeiro».

Galicia teme que sus reivindicaciones queden diluidas entre las demandas específicas de Andalucía, por ejemplo. El conselleiro Vázquez cree que la Xunta tiene margen de maniobra para conseguir apoyo a las zonas de montaña y pequeñas explotaciones: «Será a nosa liña de actuación e defensa».

Otra de las novedades que incorporará la nueva PAC será un sistema de reparto de ayudas con un techo de 100.000 euros por explotación. A partir de los 60.000, las cuantías se irán reduciendo en un 25 % hasta los 75.000, un 50 % hasta los 90.000 y un 75 % hasta el cupo máximo. Al menos el 2 % de los pagos directos españoles tendrán que destinarse a los ganaderos y agricultores hasta los 40 años, y las ayudas tendrán que ir parejas a los incentivos para el acceso a tierras. Un esfuerzo nimio que no garantiza el relevo generacional.

Los ganaderos, los más pendientes de la negociación tras el palo por el fin de las cuotas

Los retrasos en la negociación de la PAC no supondrán un grave problema, porque el programa actual se prorrogará durante los 3 años que dure la puesta en marcha de la nueva.

El primer efecto que tendrá en suelo gallego será el probable recorte de las ayudas que sufrirá el pilar preferido de la región. Las ayudas de desarrollo rural sufrirán una poda del 15,3 %. España contará con escasos 1.000 millones de euros por año para financiar programas vitales para Galicia, como los orientados a frenar la despoblación.

Quienes asisten con más preocupación a este nuevo giro de la PAC son los ganaderos gallegos. Les tocó vivir el fin de las cuotas lácteas en marzo del 2015, un parche a la PAC que provocó la caída generalizada de los precios y un aumento de la producción difícil de compensar con el ajuste de los costes de producción. A pesar de que los precios del litro de leche se han estabilizado, los productores gallegos apenas consiguen sobrevivir. El rural gallego se sigue desertizando con el cierre de explotaciones. Y no parece que la nueva reforma vaya a revertir esa línea.

A pesar de las declaraciones del comisario de Agricultura, el conservador irlandés Phil Hogan, anunciando un nuevo marco en el 2019 para eliminar las prácticas comerciales desleales y garantizar un mejor estatus a los ganaderos en la cadena, lo cierto es que no están previstas medidas para revertir la desregulación del mercado, y Bruselas se niega a intervenir los precios para garantizar rentas dignas.

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