Hace un año, la Xunta de Galicia decidió mantener en suspenso cualquier decisión sobre las 407 reclamaciones -de ellas se inició expediente sancionador sobre 350- cursadas ante el Instituto Galego de Consumo e Competencia en relación con el trucaje de los motores diésel de Volkswagen en Galicia.
La Administración gallega, al igual que el Gobierno español, pospuso cualquier toma de decisión a la espera de las resoluciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional, para evitar conclusiones contradictorias.