España decide no seguir investigando el Dieselgate de Volkswagen

En España hay 700.000 conductores que tienen un coche del grupo Volkswagen trucado para burlar la ley de emisiones y que parezca que contamina menos de lo que realmente lo hace. Entre los afectados, más de 28.000 son clientes gallegos. Dice el grupo alemán que la gran mayoría de los propietarios de esos vehículos acudieron a la llamada a revisión par ser reparados gratuitamente, siguiendo la recomendación de la Dirección General de Tráfico.

Pero alrededor de 10.000 usuarios decidieron emprender acciones legales contra el constructor, asesorados por gabinetes que en España llegaron a constituir al menos dos plataformas de afectados. Hay cien demandantes gallegos adheridos a la causa que llegó a la Audiencia Nacional, que ahora, por inhibición de la Justicia española, pasarán a manos de la Fiscalía alemana.

Es lo que ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en un auto al respecto que acuerda remitir todas las actuaciones que ha llevado a cabo en España a «las autoridades judiciales de Alemania, y más en concreto, a la Fiscalía de Braunscheig» (en el estado federal de Baja Sajonia), que fue la que propuso que las investigaciones judiciales del denominado Dieselgate que están repartidas por todo el mundo se centralizaran en esta jurisdicción.

El juez considera que «las autoridades alemanas se encuentran en una mejor situación» para la instrucción y enjuiciamiento de la causa, para evitar una potencial vulneración del principio de ne bis in ídem (no se puede juzgar dos veces un mismo hecho).

«Debe asumir la Justicia germana la finalización de las pesquisas y la decisión de qué personas van a ser llevadas finalmente a juicio por los hechos investigados», dice el magistrado.

Moreno argumenta que la mayoría de los investigados residen en Alemania, el material probatorio se encuentra en ese país y las personas que tomaron «la decisión delictiva» están en la sede central de la empresa, en Wolfsburg, «mientras que no consta» que los importadores y vendedores tuvieran conocimiento del fraude.

La decisión del juez Moreno preocupa a los afectados gallegos, que ven cómo se desvanecen sus posibilidades de conseguir una indemnización por el presunto fraude. «Al trasladarse la causa se incurrirá en perjuicios y costes adicionales», explica el representante legal de un grupo de afectados gallegos, que argumenta además que no se están investigando los mismos delitos en ambos países, «lo que dejaría fuera, por ejemplo, el daño moral, que no está regulado en la normativa alemana».

Hace un año, la Xunta de Galicia decidió mantener en suspenso cualquier decisión sobre las 407 reclamaciones -de ellas se inició expediente sancionador sobre 350- cursadas ante el Instituto Galego de Consumo e Competencia en relación con el trucaje de los motores diésel de Volkswagen en Galicia.

La Administración gallega, al igual que el Gobierno español, pospuso cualquier toma de decisión a la espera de las resoluciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional, para evitar conclusiones contradictorias.