Destapan un fraude de 6 millones en el cobro de pensiones de fallecidos

LA VOZ

ECONOMÍA

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Una persona se hizo pasar durante 20 años mediante caracterización por un nonagenario

23 nov 2018 . Actualizado a las 19:15 h.

Una operación de la Policía Nacional ha destapado en Galicia y otras nueve comunidades un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas. Nueve Un total de 46 personas fueron identificadas como presuntas responsables de un total de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.

La mayoría de los implicados en la denominada Operación Libitina II eran familiares de las personas fallecidas, aunque también se han encontrado casos de amigos o compañeros de vivienda, según ha informado la Policía a la agencia Europa Press. En Galicia, se han detectado casos en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra.

Para hacerse con el dinero ocultaban el fallecimiento del pensionista a la Administración, llegando a falsificar el certificado de fe de vida y estado e incluso la propia firma del difunto, con el objeto de realizar reintegros en efectivo.

Uno de los implicados cobró las prestaciones de forma ilícita durante casi 20 años haciéndose pasar por un nonagenario. Para lograrlo aprovechó sus similares características físicas con el difunto, disfrazándose con ropa de persona mayor y utilizando un andador.

La investigación la han desarrollado agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social incardinada en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias, en diferentes puntos del país, en las que se informaba de posibles fraudes a la Tesorería General de la Seguridad Social. Con las primeras pesquisas se averiguó que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos quienes seguían cobrando de forma ilícita las pensiones de estos.

Avanzada la investigación, los agentes localizaron casos similares en 17 provincias españolas: A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Vizcaya. La investigación cuantifica en casi seis millones de euros la cantidad defraudada a la Seguridad Social.

Entre los motivos más comunes en los que se escudaban las personas que cobraban las prestaciones indebidamente para cometer el fraude están el desconocimiento de su abono --pese a que hacían uso de ese dinero, según la Policía--, necesidades económicas para la subsistencia personal o familiar, o la creencia de que, una vez que el banco había solventado el fraude de los últimos cuatro años, se podía disfrutar del dinero acumulado en los años anteriores.

Se ha llegado a detectar que en algunos casos, para no ser descubiertos en su entorno más cercano, los defraudadores engañaban a sus allegados sobre la procedencia de los fondos que manejaban.