Casi 9.000 causas por cláusulas suelo colapsan los juzgados en Galicia

Desde su creación hace 18 meses, las salas especiales solo han resuelto el 25 % de los casos


madrid / la voz

Los juzgados especializados en casos de abusos bancarios, con las cláusulas suelo a la cabeza, están colapsados, y Galicia no es una excepción. Y lo están a pesar de que las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al cierre del tercer trimestre, confirman que el número de asuntos que entra en estos órganos se está ralentizando. El caso es que, desde su creación, el 1 de junio del 2017, en los juzgados especializados de Galicia se han presentado 11.102 casos, de los que solo 2.641 han sido resueltos. Es decir, que apenas se ha dictado sentencia para una cuarta parte del total, mientras que casi 9.000 asuntos continúan atascados.

Atendiendo únicamente al tercer trimestre de este año, se recibieron 1.338 nuevos casos, de los que 541 fueron resueltos, lo que supone una tasa del 40,4 %, que, aunque supone un notable incremento en la tasa de resolución acumulada desde su creación, coloca a la comunidad por debajo de la media de España, del 43 %, al cerrarse, ya sea por sentencia, auto final o decreto, casi 19.000 de los más de 44.000 casos que entraron entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

«Los juzgados de A Coruña que llevan estos asuntos [desde cláusulas suelo a vencimientos anticipados, pasando por intereses moratorios, gastos de formalización de hipotecas o hipotecas multidivisa] están colapsados. El juzgado número 7 tiene 5.000 asuntos de cláusulas suelo y en el 7 bis tenemos presentadas demandas antes de la huelga y aún no tenemos ni fecha para la audiencia previa», explica José Luis Barral, socio del despacho Laterna Abogados, especializado en derecho bancario.

La huelga empeoró el atasco

El letrado afirma que la huelga en la Justicia gallega «afectó» a la lentitud de los procedimientos, así como los cambios de jueces. Comparte el diagnóstico el Colegio de Abogados de A Coruña, que ayer alertó de la «saturación» de los juzgados de lo social, y añade que el atasco se produce «incluso en el juzgado de refuerzo creado para atender con urgencia los asuntos relacionados con las cláusulas suelo, en el que se han presentado demandas en el 2017 que aún no han sido admitidas a trámite».

«Desde el Colegio de Abogados se valoran positivamente los esfuerzos realizados por la Xunta para intentar paliar las consecuencias de la huelga, pero este colapso no se produce únicamente por el parón de hace unos meses», añaden. Además, reclaman medios, una modernización y «la incorporación de nuevas tecnologías» que permitan «agilizar» los diferentes procedimientos judiciales y acabar, por fin, con el sambenito de «lenta» que la Justicia «parece que tiene asumido y que debería ser una preocupación para las Administraciones».

«A los clientes que nos consultan ya prefiero no hablarles de plazos de resolución, porque realmente no lo sabemos. Son largos por el colapso referido. Si un procedimiento ordinario en A Coruña son 10 o 12 meses de media, en el caso de los juzgados de cláusulas suelo son más», explica Barral, para añadir que el problema puede empeorar «si le sumamos que la gente comience a reclamar gastos hipotecarios».

Los datos recopilados por el CGPJ muestran que en diez de las diecisiete comunidades autónomas la tasa de resolución en el tercer trimestre fue igual o superior al 50 %, destacando La Rioja (143,4 %) y Castilla-La Mancha (84,9 %). También están en este grupo Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra. Sin embargo, Galicia, con el ya referido 40,4 %, está, junto con Andalucía, Baleares, Cantabria, Madrid y Cataluña, por debajo de la media nacional. 

Acouga estima que Abanca podría devolver 9 millones a 1.300 afectados

P. calveiro

Cerca de nueve millones de euros. Esa es la cifra que tendría que devolver Abanca, millón más, millón menos, por el cobro indebido de cláusulas suelo en las hipotecas de unos 1.300 afectados, según los cálculos de la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) y siempre que no se apele la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, que ha estimado la demanda colectiva contra la entidad bancaria.

Al margen de la cantidad a restituir, calculada teniendo en cuenta que hay afectados con dos o incluso tres operaciones (serían cerca de 1.500) y que la devolución media podría rondar los 6.000 euros con juros incluidos, Acouga celebró un fallo que «despois de tres anos» les da la razón, subrayó ayer en Santiago su presidente, Manuel Pérez Arias. El secretario general y director de la asesoría jurídica de la asociación, Xosé Antón Pérez-Lema, hizo hincapié en que la demanda colectiva supuso una apuesta por una «vía novidosa, onde houbo certos atrasos de trámite, porque a admisión levou varios meses».

El abogado destacó que «é o fallo da historia xudicial de Galicia que afecta a máis persoas no dereito privado» y que con ello se evitó una mayor saturación de los juzgados con más de un millar de demandas individuales. Desde Acouga explican que economistas de DDC Consultores se encargarían de «controlar o pagamento a cada un dos afectados», ya que no todos ellos residen en España.

Desde Abanca aseguraban ayer que desde la semana pasada están estudiando la sentencia para tomar una decisión sobre un posible recurso.

Un juzgado condena al Santander a pagar, de forma retroactiva, los impuestos de una hipoteca

La Voz

La sentencia fue dictada por un juzgado de Málaga, que declaró nula la cláusula incluida en un préstamo de junio del 2014. El banco ya ha anunciado que recurrirá

Una decisión judicial ha reabierto la polémica por los impuestos de las hipotecas.

Según informa la agencia Efe, un juzgado de Málaga ha condenado al Banco Santander a abonar el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) sobre un préstamo hipotecario de junio de 2014 al considerar que la reciente disposición del Gobierno por la que los bancos deben pagar este tributo «es tácitamente retroactiva».

En la sentencia, dictada el pasado 12 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga y contra la que cabe recurso de apelación, se señala que el pago de esta tasa debe recaer en la entidad en tanto que el decreto aprobado por el Ejecutivo «resuelve una laguna interpretativa», por lo que también puede aplicarse a las hipotecas suscritas con anterioridad a su entrada en vigor.

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