Las inmobiliarias denuncian que la banca mantiene frenadas hipotecas apalabradas

Competencia vigilará que las entidades no acuerden subidas concertadas de los préstamos


Redacción / La Voz

El caos provocado por el Tribunal Supremo en el mercado hipotecario amenaza con prolongarse unos días más. Inmobiliarias gallegas agrupadas en la patronal Fegein denunciaron ayer que las entidades financieras mantienen paradas decenas de hipotecas que ya estaban apalabradas, solo pendientes de remitir la documentación a la notaría, y cuya tramitación se paralizó hasta que la Justicia determinase quién se tenía que hacer cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados. Aunque fue el Gobierno el que dijo la última palabra, a través de un decreto que carga el tributo a la banca, la respuesta que se encontraron en las sucursales bancarias no fue la esperada: la tramitación seguirá paralizada unos días más y no está claro que se vayan a mantener las condiciones pactadas en su día.

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«Lo que nos dicen es que se van a revisar», explica Benito Iglesias, presidente de la asociación de las inmobiliarias gallegas, que teme que las entidades quieran ahora modificar los diferenciales o introducir otras cláusulas con las que, en la práctica, carguen al cliente el sobrecoste que supondrá para la entidad el pago de un impuesto que hasta ahora abonaba el cliente. Desde Fegein aclaran que la situación no afecta a aquellas operaciones cuya documentación ya estaba en la notaría, sino a las que ya habían sido aprobadas por las entidades pero aún no habían entrado en la fase final de firma.

En ese sentido, la patronal de las inmobiliarias amenaza con elevar los casos que están documentando sus empresas asociadas al Banco de España y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que sean estos organismos supervisores los que velen por que no se produzcan disfunciones en el mercado hipotecario y por que no haya un concierto entre entidades para repercutir el coste del impuesto al consumidor. En ese sentido, Iglesias recuerda que hasta el próximo 31 de diciembre los bancos podrán deducir el pago del tributo (la prohibición de hacerlo se aplica a partir del próximo ejercicio fiscal), por lo que no ve el sentido de tocar las condiciones de los préstamos ya apalabrados, pues las entidades podrían desgravar el coste del impuesto al liquidar el de sociedades.

Ante la denuncia de las inmobiliarias, algunas entidades aseguraron ayer que se había reactivado la firma de hipotecas respetando las condiciones pactadas, aunque otras optaron por no responder sobre la decisión tomada.

Lo que parece evidente es que, aunque desde ayer la nueva redacción normativa deja claro que son los bancos los que, en el caso de las hipotecas, tienen que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), las entidades financieras aún tardarán un tiempo en decidir si tocarán o no las condiciones de los créditos, como habían advertido.

En cualquier caso, las organizaciones de consumidores ya alertaron de que estarán vigilantes para evitar que la banca traspase el coste del gravamen a los clientes y Competencia también aseguró, por boca de su presidente, que «no permitirá que se produzcan conductas coordinadas», es decir, que el sector acuerde encarecer los créditos. La vigilancia para evitar pactos de condiciones o precios no impedirá, eso sí, que la banca pueda trasladar el sobrecoste al cliente: «Tendremos que ver cómo adapta cada banco su política comercial, si repercutirán en mayor o menor medida esos costes o incluso si no los trasladan», explicó Marín Quemada.

La nulidad firme de un artículo abre la puerta a reclamar la retroactividad por la responsabilidad patrimonial del Estado

Aunque todavía no son públicas las sentencias resueltas la semana pasada por el pleno de la Sala Tercera del Supremo que restablecieron el criterio previo de que era el cliente, y no el banco, el que debía pagar el impuesto de la hipoteca, el abogado Ramón Casero, que representó a la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas Vaciamadrid y que logró en octubre tres fallos favorables a que fuera la entidad financiera la que los abonara, considera que aún hay opciones para recurrir la decisión del Supremo.

De hecho, la clave está en que la sentencia del 16 de octubre declaró la nulidad firme del artículo 68.2 del reglamento del impuesto de actos jurídicos documentados, el que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto, por considerarlo contrario a derecho. Casero entiende que esta nulidad firme abre la puerta a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, daños y perjuicios, con efectivos retroactivos, lo que supondría que quienes lo pagaron desde 1995 podrían reclamarlo.

Durante un desayuno informativo organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales e Icade, el letrado avanzó las tres estrategias legales que baraja para recurrir la última decisión del Supremo, alegando siempre «vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas». Estas pasan por presentar un incidente de nulidad de actuaciones (para cuestionar el fallo firme), acudir al Constitucional en amparo o, por último, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Lesmes firmó otro convenio con la escuela de la banca para hacer prácticas en los juzgados

M. B.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes

El 20 de mayo del 2015, dos años antes de firmar el convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), un centro perteneciente a la patronal bancaria, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, firmó otro acuerdo con Cunef para la realización de «prácticas externas» en juzgados y tribunales. El convenio permitía que los alumnos de esta escuela de la Fundación Española de la Banca -en la picota por la reciente resolución del Supremo sobre el impuesto hipotecario- ampliaran sus actividades lectivas en órganos judiciales, en concreto en juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid. La firma se hizo a cuatro bandas, con el entonces ministro de Justicia Rafael Catalá y el consejero madrileño Salvador Victoria, que luego dimitió por su investigación en la Púnica.

Respecto a los requisitos, el acuerdo señala que el alumnado será propuesto por personal del Cunef y seleccionado por los funcionarios que ejercen la tutoría.

Acceso a sumarios

Una de las cuestiones más sensibles del acuerdo firmado por el CGPJ, Justicia y el Cunef es el acceso de los alumnos a los procedimientos que se instruyen en los juzgados. El tratamiento de estos papeles «se producirá en la medida que lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto y quedando salvaguardado el deber de reserva y preservada, en todo caso, la identidad de las personas implicadas». Y en caso de un «incorrecto comportamiento o perturbación del normal funcionamiento del órgano judicial donde se realicen las prácticas, estas se podrán suspender de forma inmediata».

Este convenio se firmó en el 2015 y en marzo del 2017 se rubricó otro, esta vez bilateral, entre el CGPJ y el centro de estudios de la patronal bancaria. Con una duración de dos años (sigue activo a día de hoy), este acuerdo va dirigido a la formación de jueces en áreas del derecho con contenido económico según las necesidades específicas en «cada momento». Por ejemplo, en marzo el Cunef acogió un curso dirigido a 30 jueces sobre contratos bancarios. En este centro dan o han dado clases altos cargos de la magistratura, entre ellos cuatro jueces de la sala del Supremo que decidió sobre el impuesto hipotecario, como su presidente Díez-Picazo.

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