El Gobierno trata de evitar el cierre de Alcoa con una subasta eléctrica solo para medio año

Las industrias beneficiarias exigen pujas a más largo plazo


redacción / la voz

Dicho y hecho, pero a medias. Como anunció el jueves pasado la ministra de Industria, Reyes Maroto, habrá una nueva subasta para adjudicar incentivos a las empresas que, como Alcoa, tienen una alta dependencia de la energía.

Será del 10 al 14 de diciembre, pero solo tendrá validez para los primeros seis meses del 2019. Es decir, que las industrias solo obtendrán en la puja descuentos en la factura de enero a junio. A partir de ahí, incertidumbre, exactamente lo que menos desean las empresas, que exigen subastas a más largo plazo para realizar previsiones a medio plazo.

El procedimiento de concurrencia competitiva entró en vigor en el ejercicio del 2015. Desde entonces, todas las pujas adjudicaron energía con incentivos para un año completo, salvo el 2018 y ahora también el 2019. El motivo, que se trata de un mecanismo provisional sujeto a reformas.

La convocatoria de la próxima puja se efectúa en plena crisis de una de sus principales adjudicatarias, Alcoa, que tiene en marcha un proceso para cerrar las fábricas de aluminio primario de A Coruña y de Avilés y despedir a sus casi 700 trabajadores de plantilla.

«A Alcoa le pido que nos venda ya» La plantilla sigue en pie de guerra para evitar el anunciado desenlace: el fin de una etapa industrial y de despidos masivos

De hecho, Maroto anunció la subasta como una posible solución a los problemas de las plantas, ahogadas por el elevado coste energético, pese a los incentivos públicos que reciben para reducirlo. La multinacional estadounidense alega que el precio de la electricidad ya no es el principal problema de las instalaciones, así que está por ver si las plantas de A Coruña y Avilés siguen activas para cuando se celebre la puja.

La multinacional se llevó en las subastas organizadas hasta el momento alrededor de 500 millones de euros. Estos pagos por interrumpibilidad bonifican a las empresas que están dispuestas a suspender su consumo en caso de necesidad. Hasta finales de mayo se habían emitido ya más de 600 órdenes de interrupción por criterios económicos, según datos de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Esta organización criticó el resultado de la última subasta por suponer un «drástico recorte» en la retribución anual del servicio, de 209 millones al año, un 40 % menos que en el 2017, y advirtió que esto repercutiría en la competitividad de las industrias electrointensivas.

Grieta política por la frase de la ministra

J. CApeáns

Los partidos políticos con representación en el Parlamento de Galicia abrieron una brecha en su posicionamiento en torno a Alcoa a cuenta de las declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que aseguró este fin de semana en Santiago que el Gobierno no va a intervenir Alcoa, como pedía la plantilla, porque «no estamos en una economía estatalizada» ni «en un régimen comunista».

El BNG y En Marea mostraron sus discrepancias con la titular de Trabajo, mientras que PP y PSdeG recordaron que esta opción no entra en las propuestas aprobadas por unanimidad en la Cámara, que se refieren en exclusiva a la petición de desactivación del ERE y a presionar para que el Ejecutivo ofrezca un marco estable para los precios de la energía.

Ana Pontón (BNG) puso en duda el criterio de la socialista y citó como ejemplo el rescate «solidario» y millonario de la banca española, en contraste con la negativa a salvar una empresa con cientos de puestos de trabajo en juego. La líder nacionalista afirmó que el primer objetivo es la retirada del ERE, pero también recordó que el Estado tiene «instrumentos» amparados por la Constitución para impedir el fin de actividad, y se mostró convencida de que Valerio tendría otra actitud si la pérdida de empleo fuese en Andalucía. Luís Villares (En Marea) reclamó a Valerio, «esa gran teórica do dereito constitucional», como la definió, que no frivolice la situación de Alcoa.

Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) sugirió que no se centrase la atención «nunha frase» y que se atienda a la estrategia pactada sin entrar en alternativas que no pueden prosperar. Pedro Puy (PP), que calificó la respuesta de la ministra de «estridente», también es partidario de insistir en las estrategias acordadas.

Marcha para intentar frenar los 369 despidos en Alcoa El anuncio de cierre de la fábrica en la ciudad herculina puede dejar a 369 empleados en la calle. A esta hora recorren la ciudad en ropa de trabajo. Desde la aluminera hasta la Delegación del Gobierno para expresar su malestar y exigir medidas para que la factoría siga funcionando. La empresa argumenta pérdidas pese a haber recibido ayudas por valor de 500 millones en los últimos 4 años

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