Pero otra gran cuestión de la que nadie habla son los precios de los vehículos eléctricos. Es difícil encontrar modelos que bajen de los 30.000 euros y para renovar el parque haría falta una política de incentivos a la compra generosos que no existe y que además sería difícil de sostener con dinero público. De cara al consumo, de momento lo único que dice el Gobierno es que para facilitar la expansión del vehículo eléctrico todas las gasolineras estarán obligadas a instalar puntos de recarga. Los plazos se establecerán en función de su volumen de ventas.
¿Cómo afectará esta nueva movilidad a las grandes ciudades? Según el documento, los municipios de más de 50.000 habitantes estarán obligados a crear zonas de bajas emisiones donde solo puedan acceder vehículos más ecológicos. Tendrán para ello un plazo máximo de cinco años, hasta el 2023. Eso puede llevar a que haya variedades de vehículos de combustión que sean vetados.
El vehículo eléctrico ha de alimentarse con energías limpias o no serviría de nada. La futura ley fija como objetivo que el sistema eléctrico cuente con un mínimo del 70 % de generación a partir de energías renovables. De entrada, parece un reto difícil tras el parón que han supuesto los seis años del anterior Ejecutivo. La ley prevé que para lograrlo va a ser necesario impulsar la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año a partir del 2020.
