Una protesta frente al Supremo exige reformar la ley hipotecaria

Manifestantes en toda España reclaman que se les devuelva todo el dinero cobrado


madrid / colpisa

Que desde ayer son los bancos y no los clientes quienes tienen que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) a las hipotecas no es suficiente para los centenares de personas que se manifestaron a las puertas del Tribunal Supremo en una protesta que, no obstante, no logró concitar un respaldo tan amplio como la indignación que levantó la sentencia. Eso parecer indicar que la ciudadanía en general se da por satisfecha con el decreto del Gobierno, pero también ha influido en la afluencia el puente que vació Madrid.

Los participantes, convocados por Unidos Podemos y respaldados por diversas organizaciones sociales y sindicatos, exigían más: que se devuelva ese dinero a aquellos que lo pagaron y que se les exima de otros gastos derivados por la compra de una vivienda. Al grito de «Ni acato ni respeto la sentencia del Supremo», «Un hipotecado es un esclavizado» o «Vivimos un escándalo supremo», los manifestantes criticaron el cambio de criterio del alto tribunal, que el 18 de octubre dictó una sentencia que establecía que el pago de este gravamen, creado en 1993, recaía en el banco y dejaba a su vez la puerta abierta para poder cobrarlo con efecto retroactivo, para cerrar esa puerta el martes al rectificar dicho fallo.

«Si gobiernan los bancos no hay democracia», coreaban a las puertas de la sede del tribunal, donde blandían multitud de pancartas en las que se leía Justicia, Suprema cagada, Dictadura de bancos, no o Si gana la banca, pierde la ciudadanía.

La manifestación la encabezaron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el coordinador de IU, Alberto Garzón; el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, entre otros diputados de Unidos Podemos, tomó la decisión de manifestarse apenas unas horas después de la rectificación del Supremo y que la mantuvo pese al decreto aprobado por el Gobierno el jueves por el que a partir de ayer el pago de este gravamen lo asumen las entidades financieras. Así, Iglesias acusó al alto tribunal de ceder a la presión de los bancos al cambiar de criterio y recordó que Unidos Podemos fue el único partido que defendió meses atrás modificar la ley para que este impuesto lo pagaran los bancos, a través de una enmienda que presentó en febrero en el Congreso y que PP y Ciudadanos rechazaron mientras que el PSOE se abstuvo. Por eso, adjudicó a su partido la decisión del Gobierno de sacar adelante ese real decreto.

Aunque la movilización la monopolizó Unidos Podemos -único partido presente-, fue respaldada por UGT y CC. OO., organizaciones como Plataforma de Afectados por las Hipotecas, STOP Desahucios, la Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas y asociaciones de consumidores como Facua. Además, en varias capitales de provincias españolas se replicaron estas protestas, en general con poca afluencia, salvo la de Sevilla, que congregó a casi un millar de personas.

Los juristas ven escasas posibilidades de que la Justicia europea permita recuperar el impuesto de las hipotecas

La modificación legislativa aprobada por el Gobierno de Sánchez y que ayer mismo entró en vigor solo se aplica de ahora en adelante. No tiene efectos retroactivos. Para reclamar lo que ya se ha pagado solo queda acudir al tribunal europeo, que tan buenos resultados ha dado a los usuarios otras veces. Pero la mayoría de juristas consultados no cree que esta vez haya muchas posibilidades de éxito. Sí ven más opciones a otras cuestiones pendientes en la Corte de Luxemburgo, como las hipotecas referenciadas al IRPH, que podrían derivar en un buen golpe a los bancos, unos 2.200 millones. En su batalla, las asociaciones de consumidores recurren una y otra vez al precedente de las cláusulas suelo, su gran victoria en este terreno. En aquella ocasión el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) enmendó la plana al Supremo al corregir el fallo que limitaba la devolución de los intereses cobrados de más por la aplicación de un interés mínimo a mayo del 2013. Para limitar la retroactividad el Alto Tribunal español se había amparado en el «riesgo que suponía devolverlo todo para el sector financiero español». La Corte de Luxemburgo obvió los problemas de la banca y declaró que bajo ningún concepto se pueden restringir los efectos restitutorios. Pero hay grandes diferencias entre este asunto y el del impuesto de las hipotecas. El caso de las cláusulas suelo estaba bastante claro después de que el Supremo las declarase abusivas en aquella sentencia de mayo del 2013; los bancos habían cobrado de más al establecer un interés mínimo sin informar de forma transparente al cliente; una vez declarada nula la cláusula, la directiva europea obliga a devolverlo todo, sin límites.

Muchas dudas

En el impuesto de las hipotecas, hay muchas dudas. Para empezar, el dinero no se lo ha quedado el banco, sino Hacienda. Es verdad que la cláusula que carga todos los gastos hipotecarios (notaría, registro...) -incluidos los tributos- en el prestatario ha sido declarada abusiva. «Pero esa nulidad no tiene consecuencias en el Impuesto de Actos Jurídicos (AJD), porque había una normativa fiscal que lo atribuía al prestatario y también una jurisprudencia uniforme de muchos años», explica Agustín Azparren, magistrado en excedencia.

Para entrar en el debate, conviene aclarar primero algunos conceptos, porque los vaivenes del Supremo han generado confusión. Primero hay que distinguir que la polémica decisión adoptada el martes ha sido del pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo, que es la que dirime conflictos con la Administración. Por esa razón, hubiera sido Hacienda la que debería haber asumido la condena de devolver el dinero y la retroactividad hubiese quedado limitada a cuatro años. Pero no ocurrió nada de esto porque, de forma inaudita, el pleno decidió revocar el cambio de criterio que asignaba el impuesto al banco.

La nueva legislación aclarará qué paga cada parte

Los diputados de la Comisión de Economía del Congreso no han tenido más remedio que acelerar los trabajos de la reforma de la ley hipotecaria, que llevaba tramitándose ya más de medio año en las Cortes. Tras el parón de las tres últimas semanas, a la espera de lo que decidiera el Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario, y con el anuncio del Gobierno de que serán los bancos los que lo asuman desde ayer, los grupos parlamentarios intentan consensuar uno de los grandes baches con los que se habían encontrado hasta ahora en el trámite legislativo: asignar con claridad cuáles son los gastos iniciales de los préstamos sobre vivienda que corresponderán a los clientes y a las entidades financieras. Con la cuestión del impuesto de actos jurídicos documentados solventada por decreto-ley el jueves, el último fallo del alto tribunal relativo a los costes iniciales que hay que asumir (registro, notaría) exigía un reparto «equitativo» entre las partes, pero no iba mucho más allá. No acababa de especificar cómo debía realizarse esa distribución.

Los partidos siguen mostrando diferencias. Por ejemplo, los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos prefieren que esos gastos iniciales sean repartidos. Unidos Podemos aspira a que sean las entidades las que asuman esas cuantías.

El vencimiento anticipado

Más allá de los gastos, otra de las fricciones entre los partidos es la regulación de la cláusula por vencimiento anticipado. Esto es, la posibilidad que tenía el banco de ejecutar la hipoteca en el caso de que se registrara algún impago por parte del titular de la misma. El proyecto de ley indica que se podrá actuar cuando el impago afecte a nueve cuotas y unos porcentajes sobre el capital pendiente que alcanzan el 2 % -durante la primera mitad de la vida hipotecaria- y 12 mensualidades, o el 4 % del capital para el resto de plazos. Además, tal y como advierten desde Podemos, con la norma tal y como está redactada ahora mismo se podría abrir la compuerta a que se realizaran miles de ejecuciones que fueron paralizadas por el Supremo cuando consultó al Tribunal de Luxemburgo sobre este vencimiento anticipado.

Otros cambios que se encuentran más consensuados están ligados, por ejemplo, a la obligación de que el banco realice un test de solvencia al cliente antes de concederle la hipoteca; o la prohibición de las ventas vinculadas por las que los futuros hipotecados tenían la obligación de contratar otros productos para mantener las condiciones del crédito prometidas por la entidad financiera.

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