Los hipotecados pierden la posibilidad de recuperar, al menos, 5.000 millones

Para los bolsillos gallegos, con una retroactividad de 4 años, habría supuesto 100 millones


madrid / colpisa

Posiblemente no haya un solo ciudadano hipotecado que durante estos últimos días no haya hecho cuentas sobre el importe que pagó en su momento en el impuesto de actos jurídicos documentados al firmar su crédito para saber cuánto dinero podría recuperar si el Supremo avalaba su última postura. No ha sido así. Aunque el millón de hogares hipotecados desde el 2014 ya casi contaban con recuperar los 5.000 millones de euros abonados en el tributo a sus Haciendas territoriales. En el caso de los bolsillos gallegos, habría supuesto una inyección de 100 millones.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba ayer esta cifra, que reflejaría el coste que para las arcas públicas tendría la retroactividad tributaria (los cuatro últimos años) hasta que la Administración se lo exigiera a la vez a la banca. El departamento ministerial ya contaba con un «plan» para hacer frente a esta contingencia, que habría elevado temporalmente el déficit público en cuatro o cinco décimas, situándolo incluso por encima del 3 % del PIB, el sacrosanto listón del Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo.

Pero finalmente, al menos desde el punto de vista tributario, la posibilidad de exigir el reintegro de esa cantidades se ha diluido. Sin embargo, no tiene por qué ocurrir lo mismo si quienes se consideran afectados por el fallo de ayer del Supremo quieren actuar contra la banca por la vía civil. Todos los consumidores con hipoteca en vigor pueden actuar contra el abuso de la cláusula de gastos de sus hipotecas, e «incluyendo el AJD, apoyándose en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE», explican desde la plataforma Reclamador.com.

Varias asociaciones de consumidores consideran que la batalla del AJD y de los gastos iniciales no está perdida por completo. Sus miradas se dirigen ahora al Tribunal de Luxemburgo, donde ya quitaron la razón al Supremo en el caso de la retroactividad de las cláusulas suelo.

Mientras, la banca respira aliviada -como casi ningún ejecutivo del sector esperaba al menos públicamente- después de que el Supremo haya regresado al criterio inicial de que deben ser los clientes los que sigan pagando el impuesto de las hipotecas.

Ni en el mejor de los sueños

Y es que ninguno de los banqueros que durante los últimos días han comparecido para informar sobre sus resultados trimestrales se inclinaba por este paso atrás, a juzgar por el cariz de sus declaraciones. Con el nuevo giro jurisprudencial del alto tribunal, los bancos españoles dejan de poner en juego momentáneamente una cuantía que, en el peor de los casos, les habría costado unos 16.000 millones de euros.

Ese es el impacto de mayor relevancia que habían calculado las firmas de inversión y las agencias de rating durante los 15 días que ha durado la incertidumbre sobre esta cuestión. Ese importe habría salido de las cuentas de la banca si se hubiese establecido una retroactividad total, esto es, la posibilidad de que los titulares de los seis millones de hipotecas en vigor hubieran reclamado lo que pagaron en su momento por el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

En la casilla de salida

Pero nada de eso va a ocurrir. El titular de la hipoteca tendrá que seguir abonando el impuesto registral, que grava con un tipo de entre el 0,5 y el 1,5 % el valor hipotecario. El coste medio se mueve, dependiendo de la cuantía del préstamo y de la comunidad donde se inscriba, entre 600 y 2.000 euros, de media. Las entidades aún no habían realizado provisiones para hacer frente a una contingencia que ninguna firma esperaba después del batacazo de conflictos como el de las cláusulas suelo. Pero contaban con tener que abonarlo a partir de mañana mismo.

La defensa de su posición se había centrado en atacar los posibles efectos retroactivos de la medida. «Lo que no se puede hacer es penalizar a quien ha cumplido la ley durante tantos años, porque en eso consiste la seguridad jurídica», explicaba, por ejemplo el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, el pasado día 30 de octubre. Es la misma postura que han defendido el conjunto de los ejecutivos del sector, encabezados por su patronal, la AEB.

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