El Supremo prolonga su esperpento

Tras ocho horas de deliberaciones, el pleno del tribunal, muy dividido sobre si confirmar su propio cambio de criterio sobre el impuesto hipotecario, no llega a un acuerdo y hoy vuelve a reunirse

Las organizaciones de afectados realizaron varias concentraciones en todo el país
Las organizaciones de afectados realizaron varias concentraciones en todo el país

Madrid / La Voz

La solución al embrollo sobre el impuesto que grava las hipotecas se resiste. Los magistrados que integran el pleno de la Sala Tercera del Supremo (la de lo Contencioso-Administrativo) no llegaron a un acuerdo sobre si confirmar o no el cambio de criterio que introdujeron las tres últimas sentencias del alto tribunal sobre quién debe pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), que hasta el momento abonaban a la Hacienda autonómica quienes se hipotecaban. A partir de ahora podría ser el banco quien tenga que asumir dicho gravamen, y por ello el sector financiero y los potenciales clientes beneficiados contenían hace unas horas el aliento esperando un pronunciamiento que pusiera fin a la incertidumbre, pero que no llegó. Después de ocho horas de reunión, el pleno de la sala se limitó a anunciar que reanudaría el trabajo hoy. La reunión ha arrancado a las diez de esta mañana para intentar resolver un problema creado por ese mismo tribunal, que mina su credibilidad y que mantiene a la expectativa a consumidores, banca, Gobierno y haciendas autonómicas, que son las que cobran.

División en la sala

En la reunión de ayer tomaron parte 28 de los 31 magistrados que integran el pleno. El objetivo del pleno era alcanzar una decisión consensuada con la que devolver la seguridad jurídica y, además, restablecer la confianza social en el tribunal, enormemente erosionada tras los acontecimientos de las tres últimas semanas. Pero la profunda división de posturas entre los magistrados está complicando la tarea y hace poco probable que no haya votos discrepantes.

Cabe recordar que lo que abrió la caja de los truenos, y paralizó el mercado hipotecario, fue la sentencia dictada por la sección segunda de la Sala Tercera del Supremo, fechada el 16 de octubre y publicada dos días más tarde, en la que dictaminaba que era el banco y no el cliente quien debía pagar el impuesto sobre la hipoteca, ya que era la entidad financiera la interesada en elevar a público dicho contrato.

A este insólito fallo le siguieron otros dos en el mismo sentido (aunque no publicados). El problema radica en que hasta el momento toda la jurisprudencia del Supremo respecto al gravamen de AJD había cargado sobre el cliente y no sobre el banco el pago del impuesto. Incluso la propia sección segunda que dictó el polémico fallo (con tres de sus seis magistrados actuales) se había pronunciado en sentido contrario hace de ello ahora justo un año.

La decisión más probable es que se confirme que la banca pague, pero sin retroactividad Así las cosas, es preciso que el pleno aclare si confirma o no el último «giro jurisprudencial». De hacerlo, sería la banca quien tendría que abonar el gravamen. Pero el Supremo también tiene que establecer desde cuándo, es decir, aclarar si es retroactivo y, de serlo, desde cuándo. Porque el impacto económico en las cuentas del sector financiero será sensiblemente diferente en caso de que no haya retroactividad (comenzarían a pagar a partir de la sentencia del 16 de octubre); la haya parcial (si se aplica a los últimos cuatro años, los no prescritos del impuesto, el roto se estima en unos 2.300 millones) o sea total. En este último escenario, según Moody’s, el coste para la banca podría rebasar los 16.000 millones.

Las fuentes consultadas sostienen que la decisión más probable es que se confirme el cambio de criterio apuntado a mediados de octubre. Pero sin retroactividad de ningún tipo, algo que los bancos parecen tener ya asumido. Sin embargo, la fumata blanca sigue sin verse.

El Gobierno estudia «ayudas» si hay impacto en las haciendas autonómicas

El ministro de Fomento, y también secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, avanzó que, en función de la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, el Gobierno estudiará articular «algún tipo de ayuda» a las autonomías para que no les afecte a su situación financiera, en tanto que son esas administraciones, las haciendas autonómicas, las encargadas de ingresar y gestionar ese tributo. Y, en consecuencia, las que tendrían que proceder a una hipotética devolución con efecto retroactivo, si así lo decidiera el Supremo. Luego esas administraciones tendrán que reclamar a la banca, que a su vez no está claro que pague sin presentar batalla judicial.

Tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, Ábalos se mostró confiado en una «resolución clara» del Tribunal Supremo. El Gobierno realizará una valoración una vez conocida hoy la resolución y luego tomará «una decisión u otra». Y ahí, el ministro dijo que se estudiará articular «algún tipo de ayuda» para que no les afecte en su situación financiera ya de por sí difícil.

En Galicia, la Xunta calcula que este año ingresará unos 77 millones de euros por ese tributo, ligeramente por encima de lo recaudado en el 2017 (73 millones). Con todo, hay que tener en cuenta que una gran parte de ese impuesto no se corresponde a pago por constitución de hipotecas ?lo que ahora está en cuestión?, sino a todo tipo de firmas que pasan ante notario, no necesariamente vinculadas a la compra de una vivienda.

Hay que tener en cuenta que los actos jurídicos se pagan siempre que se adquiere una vivienda, por inscribir ante el notario esa compra. Si, además, se recurre a una hipoteca, también se tiene que abonar, nuevamente, ese tributo. Sucede que en Galicia, más de la mitad de las operaciones de compra-venta de un inmueble que se realizan ahora sin tener que pasar por el banco, según se desprende de los datos de los notarios.

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¿Cuánto cuesta, en realidad, comprar una casa? Sabemos el precio de venta del inmueble, pero ¿sabemos cuántos miles de euros hay que pagar a mayores?

En la comunidad, Facenda tiene habilitados tres tramos del impuesto. Por norma general, se paga un 1,5 % para cualquier operación; un 1 % para la compra de vivienda habitual; y un 0,5 % cuando esa adquisición la hacen menores de 36 años o colectivos vulnerables. 

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