El consejero delegado reclama seguridad jurídica y alerta del impacto que tendría sobre el negocio
31 oct 2018 . Actualizado a las 14:28 h.A cuatro días de que el Supremo despeje la incógnita de quién deberá pagar finalmente el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), que grava las hipotecas, el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez ha reclamado «seguridad jurídica», además de considerar que no hay razones para la retroactividad, en el caso de que el Alto Tribunal decida que el sujeto pasivo del tributo es el banco y no el cliente.
«La sentencia del impuesto sobre AJD me suscrita varios comentarios. Me gustaría que, cuanto antes, todos sepamos a qué atenernos. Y cuando digo todos, digo Administración, clientes, bancos y el propio sistema judicial», declaró Álvarez durante la rueda de prensa de presentación de los resultados del tercer trimestre, apostillando que lo que no veía «es ninguna razón para la retroactividad». «No era parte de nuestro contrato sino un reglamento de hace más de veinte años y no veo razones para ello. Nosotros nos hemos limitado a cumplir la ley», insistió.
En el mismo sentido, advirtió del impacto que cambios retroactivos pueden tener en operaciones a largo plazo, como es el caso de las hipotecas, que acabarían lastrando la capacidad para hacer negocio. «Cuando uno presta a 25 años no puede estar sujeto a revisiones permanente hacia atrás, porque se convierte en un riesgo demasiado elevado y acabaría trasladándose a su capacidad de hacer negocio, en volumen y en precio», aseguró, al tiempo que alabó el buen funcionamiento del mercado hipotecario español. «Me preocupa porque si hay un mercado que ha funcionado bien en España es el hipotecario. Ha beneficiado mucho a los clientes y no creo que haya mucho que arreglar. Me gustaría que la ley hipotecaria se apruebe cuanto antes y que no deje ninguna duda».
Por ello reclamó seguridad jurídica, apuntando que «si a futuro» se cambia el sujeto pasivo del gravamen, la banca lo asumirá, aunque recordó que supondrá un incremento de costes para las entidades financieras. Respecto a qué parte de dichos costes se trasladarían al cliente, Álvarez respondió que «dependerá de la dinámica competitiva que se produzca en el mercado».
Por otra parte, respecto a la paralización de la firma de hipotecas en los últimos días debido a la incertidumbre jurídica, explicó que la obligación del banco era no provocar «disrupciones» en el desarrollo económico. «No nos va a pasar nada por firmar un número de hipotecas en 10 o 15 días con incertidumbre. No beneficiaría a nadie», apuntó.