La ministra de Industria abre una puerta a la esperanza para evitar el cierre de A Coruña y Avilés
27 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Creemos que hay una oportunidad para salvar las dos plantas y en eso estamos trabajando». Así se pronunció desde Pekín la ministra de Industria, Reyes Maroto, sobre la amenaza de Alcoa de cerrar las fábricas de aluminio primario de A Coruña y Avilés, lo que implicaría la destrucción de casi 700 puestos de trabajo directos.
Maroto avanzó que el Gobierno tratará de evitar el desmantelamiento de las plantas y que no parará de trabajar hasta que efectivamente vea «que no se puede hacer nada».
En un encuentro en la capital china con corresponsales españoles, la ministra indicó que están en contacto con el consejero delegado de la multinacional estadounidense, Roy Harvey, para que este hable con los responsables de la empresa en España con el objetivo de encontrar soluciones.
Reconoció que la reunión que mantuvieron esta semana representantes de los Gobiernos central, gallego y asturiano con la empresa y los sindicatos «salió mal», al no aceptar la compañía la reversión del expediente de regulación de empleo presentado. Los representantes de los trabajadores abandonaron el encuentro antes de que acabara ante la postura inflexible de la compañía.
«Somos optimistas, tenemos otras crisis industriales en las que estamos trabajando y esperamos dar buenas noticias dentro de poco», destacó Maroto.
En relación con el coste de la factura eléctrica industrial, uno de los argumentos esgrimidos por Alcoa para el cierre de las plantas, la ministra de Industria señaló que están estudiando convocar la subasta de interrumpibilidad, de la que Alcoa era la principal beneficiaria y que estaban a punto de hacer pública antes del anuncio hecho por la compañía. Además, añadió, están agilizando la orden para que las industrias electrointensivas puedan cobrar las ayudas para costes indirectos de C02. Se trata de una partida de 150 millones de euros incluida en los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el anterior Ejecutivo del PP. Alcoa se llevaría 50 millones.
La ministra de Industria señaló que la ley que regula el precio de la electricidad «la aprobó el Gobierno anterior», y dijo que su departamento quiere abrir el debate para «llevar al Parlamento una buena ley, en la que haya consenso».