La imagen de Rato saliendo escoltado por la policía fiscal -sin esposas, eso sí- camino de su despacho, donde continuaría el registro iniciado en su casa, dio la vuelta al mundo. Todo un espectáculo en pleno corazón del exclusivo barrio madrileño de Salamanca. Se supo entonces que sobre la cabeza del hombre que en su día llevó las riendas del FMI pendían presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Y también que había sido el propio Rato el que -sin querer, por supuesto- había puesto a Hacienda sobre la pista de sus desmanes cuando decidió acogerse en el 2012 a la amnistía fiscal de su, en otros tiempos, compañero de filas, Cristóbal Montoro. Lo hizo, según la investigación, para aflorar solo parte de su patrimonio familiar. Porque el resto, mantiene la Agencia Tributaria, siguió en la opacidad.
La principal causa abierta contra Rato no se sigue por tanto en la Audiencia Nacional, sino en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, cuyo titular, Antonio Serrano-Arnal, investiga el origen de su patrimonio y le imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
En esta macrocausa, que incluye más de una decena de piezas, en su mayoría secretas, se investiga un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y el 2015, como recuerda Europa Press.
En un informe de la Unidad Central Operativa, los investigadores sostienen que el exvicepresidente se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para «colocar» en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener «sustanciosos contratos de publicidad».
El juez apuntó que dichos contratos se realizaron «por importes excesivos» y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.
La última vez que el exvicepresidente compareció por esta macrocausa fue el pasado 30 de julio, cuando negó ante el magistrado haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y que «está perfectamente justificado y explicado».
Próximo juicio, en noviembre
Además de esta investigación que se sigue por el origen de su patrimonio, Rato, en un horizonte muy cercano, también deberá hacer frente -desde el próximo 26 de noviembre- al juicio por la salida a bolsa de Bankia, en la que Anticorrupción pide para él cinco años de cárcel al considerarle culpable, junto con otros tres ex altos cargos, del delito de fraude por ocultar de forma «consciente» la verdadera situación del banco antes de su debut bursátil.
Para el fiscal, Rato se aprovechó del «prestigio» que le otorgaba haber sido vicepresidente económico del Gobierno de Aznar y director gerente del FMI para transmitir un «ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas muy alejadas de la realidad». Como su propia trayectoria.
