La inseguridad jurídica paraliza la firma de hipotecas en un tercer trimestre muy productivo para el sector
24 oct 2018 . Actualizado a las 10:23 h.A punto de cumplirse una semana de la publicación de la sentencia de la Sala Tercera del Supremo que acordaba que era el banco y no el prestatario, como hasta ahora, el que debía pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) que grava las hipotecas, continúan las réplicas de ese terremoto en forma de giro jurisprudencial, tanto fuera como dentro del alto tribunal.
La banca lamenta la inseguridad jurídica que ha provocado que haya que esperar dos semanas más -hasta el 5 de noviembre, después del puente de Todos los Santos- para que el pleno de la Sala Tercera fije cuál será finalmente el criterio que se aplicará sobre el citado impuesto, quién tendrá que pagarlo y, especialmente, a partir de cuándo.
Con esta indefinición en el horizonte, el mercado hipotecario se está resintiendo. Son 15 días perdidos para los bancos, pero también para los clientes. Los primeros han paralizado la formalización de hipotecas hasta que el Supremo no aclare qué ocurrirá con ese impuesto, que en Galicia es el 1,5 % del precio de venta. En el sector hay miedo a que los clientes acaben demandándolos por actuar de mala fe si les piden que abonen ellos el gravamen. Y es que, explican las fuentes consultadas, eso sería lo legal en estos momentos, ya que el artículo del reglamento del impuesto que establece que debe pagar el prestatario aún está en vigor, pues la sentencia que fija lo contrario aún no se ha publicado en el BOE, aunque la banca -y sus clientes- la conozcan.
Con pies de plomo
Por eso, para evitar perjuicios futuros, las entidades están siendo extremadamente cautas, y prefieren sacrificar parte de su actividad comercial en un trimestre, el tercero del año, habitualmente muy productivo, ya que suele haber una fuerte contratación de hipotecas. Y además, coincide con la segunda subida mensual consecutiva del euríbor.
Lo mismo ocurre con quien está pendiente de firmar escrituras, ya que la recomendación de los expertos (ayer mismo lo recordaban desde la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios) es que esperen al pronunciamiento del 5 de noviembre y que, en todo caso, si están en período voluntario de liquidación del impuesto (30 días hábiles), que no lo paguen.
Mientras, la polémica decisión del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis María Díez-Picazo, de paralizar los señalamientos de los recursos de casación pendientes relativos al impuesto de las hipotecas y convocar al pleno «de urgencia» para decidir si se aplicará o no el «giro jurisprudencial» de la última sentencia, sigue recibiendo críticas por lo anómalo del procedimiento y sus consecuencias: desde las ya referidas de la paralización de la firma de hipotecas al duro revés bursátil que han encajado los bancos por la inseguridad jurídica y el fantasma de un pago millonario que haría otro roto a sus cuentas.
De hecho, Podemos anunció que se querellará por prevaricación contra Díez-Picazo por su gestión de la sentencia, lo que se suma a la petición de dimisión que la víspera hizo la organización Jueces y Juezas para la Democracia.
También el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, apuntó ayer que lo que «sorprendía» del asunto era «básicamente que la decisión de llevarlo a la sala general está adoptada ex post y no ex ante la decisión que todos conocemos». Y es que, según señalan las fuentes jurídicas consultadas, lo habitual en casos complejos es que se convoque al pleno antes de dictar la sentencia que, en el asunto de este impuesto y a favor de los clientes, ya suma tres fallos (dos de ellos aún no notificados, pero igualmente firmes), como reveló el presidente del Supremo, Carlos Lesmes este lunes.
La petición de que el alto tribunal resuelva con celeridad se multiplica, ya que ni siquiera es seguro que tras dos semanas de espera el pleno lo deje todo claro, como la retroactividad del impuesto, en caso de que finalmente sea la banca quien deba abonarlo.