El hecho de que no se haya cubierto la totalidad de la fianza solidaria de 12 millones que impuso la sentencia en concepto de indemnización para las entidades financieras juega en su contra
23 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido en el clavo ardiendo al que quieren agarrarse algunos de los antiguos altos cargos de Caja Madrid y Bankia que deben ingresar en prisión antes del viernes para cumplir sus condenas por el despilfarro con las tarjetas black. Con Rodrigo Rato a la cabeza, varios de ellos pidieron ayer a la Audiencia Nacional que paralice su entrada en la cárcel hasta que el máximo intérprete de la Carta Magna se pronuncie sobre los recursos de amparo que han interpuesto.
Su principal argumento es que si el TC los admite a trámite, lo habitual es que suspenda la ejecución de las penas inferiores a cinco años de cárcel sine die, hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto, trámite que puede tardar más de un año. Fuentes judiciales admiten que es lo acostumbrado en ese tribunal, aunque no es un criterio fijo. En cualquier caso, los condenados por las black que han recurrido se aferran a esa posibilidad para que la Audiencia paralice temporalmente su encarcelamiento.
Lo normal es que el Constitucional tarde varias semanas en pronunciarse sobre esa admisión y ellos quieren mantenerse en libertad hasta entonces de manera preventiva, aunque cumpliendo las medidas cautelares que se les pudieran imponer (por ejemplo, retirada del pasaporte y comparecencias periódicas). Sin embargo, el hecho de que no se haya cubierto la totalidad de la fianza solidaria de 12 millones que impuso la sentencia en concepto de indemnización para las entidades financieras juega en su contra.
La Fiscalía Anticorrupción, que será consultada por la Audiencia, se opone en principio a que se suspenda su encarcelamiento. Según fuentes jurídicas, en el ministerio público niegan que se hayan podido vulnerar derechos fundamentales de los condenados -por ejemplo, la tutela judicial efectiva por la supuesta existencia de un juicio paralelo en la sociedad que pudo haber condicionado el fallo- ni en la fase de instrucción ni durante el juicio, algo que ya sostuvieron sus representantes meses atrás al oponerse a los recursos de las defensas ante el Tribunal Supremo.
Rato fue condenado a cuatro años y medio por las tarjetas black, la mayor pena de las impuestas a los 64 exdirectivos y exconsejeros, porque él presidía la caja de ahorros madrileña y el banco que la sucedió. Se los considera autores de un delito continuado de apropiación indebida por cada gasto o disposición de dinero que hicieron con ellas. Debería entrar en prisión como muy tarde el jueves, al haber recogido su sentencia un día antes de lo previsto. El resto de los castigados con más de dos años de cárcel dispondrán de 24 horas más.