Luis María Díez-Picazo, el hombre de Lesmes que entró por la puerta trasera del Supremo
ECONOMÍA
Jueces y Juezas para la Democracia reclama su dimisión por la «nefasta» gestión de la sentencia de las hipotecas
23 oct 2018 . Actualizado a las 17:25 h.Luis María Díez-Picazo (Madrid, 1958) accedió a la plaza del Tribunal Supremo en el 2008 por el quinto turno, reservado a juristas de reconocida competencia con más de 15 años de antigüedad. Catedrático de Derecho Constitucional -hijo del reputado especialista Luis Díez-Picazo, una de las mayores instituciones en derecho civil-, transitó los primeros años sin hacer mucho ruido por la Sala Tercera, dedicada a juzgar los actos del Gobierno y de las Administraciones públicas.
Pero su nombre saltó a la escena mediática en el verano del 2015, poco antes de fallecer su padre. Apareció en la terna de candidatos para desbancar de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a José Manuel Sieira, magistrado de carrera y una de las caras más conocidas en el Palacio de la Justicia de la madrileña plaza de la Villa de París, donde ha pasado los últimos 24 años de su carrera profesional.
Apuesta personal de Lesmes
En apariencia, el movimiento de Díez-Picazo no era fácil, primero por la popularidad de Sieira y luego porque en el Supremo hay una norma no escrita según la cual los presidentes de sala suelen renovar al menos una vez su mandato. Pero este docente universitario contaba con una carta ganadora: el aval del mismísimo presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
Este hizo campaña en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que también preside, para que los vocales denominados conservadores -nombrados por el PP- apoyaran su candidatura en detrimento de Sieira. Lo logró.
El presidente del Supremo había completado su movimiento: eliminar a Sieira, pese a que tenía la sala casi al día, pues su salida estaba cantada por el enfrentamiento que mantenía con Lesmes por el control de sus actos, de los del CGPJ y del Gobierno. En un escrito remitido días después a la sala de gobierno del alto tribunal, el magistrado denunció una posible «desviación de poder» por parte de Díez-Picazo, que no permitió que Sieira dirigiera al menos una de las siete secciones que forman la Sala Tercera. Y todo se hizo, dijo este en su escrito, sin motivar las razones que debe tener el Supremo para adoptar esa decisión.
Con este enorme embrollo comenzó hace tres años esta etapa en la Sala Tercera, compuesta por 31 magistrados, los que verán el 5 de noviembre si se cambia la doctrina jurisprudencial sobre el impuesto de las hipotecas. Este será el asunto de mayor calado que ha tocado Díez-Picazo desde que llegó al cargo, pues sus consecuencias económicas (para la banca) y sociales (para decenas de miles de hipotecados) son enormes.
Profesor de Cunef
El asunto no comienza bien para el presidente debido a la falta de comunicación con el tribunal del impuesto hipotecario. Este se enteró «por la prensa» de la resolución, de ahí su tardanza en llevar al pleno este asunto, según fuentes del Supremo. Se podría pensar que le han hecho una jugada o que el presidente no controla a sus secciones, pero las citadas fuentes consultadas no lo ven así. En cualquier caso, la inseguridad jurídica que genera ha dejado en mal lugar a Díez-Picazo, hasta hace un año uno de los profesores más destacados del Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), una universidad privada creada y patrocinada por la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector. Esto pone el foco sobre la existencia de un posible conflicto de intereses.
En todo caso, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia ya ha pedido su dimisión por su «nefasta gestión» de un problema del que lo consideran «único y exclusivo responsable». También la organización Francisco de Vitoria ha criticado la gestión de Díez-Picazo.
Podemos pide su dimisión
El grupo de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea se ha sumado a la petición de dimisión de Jueces para la Democracia al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Así lo ha avanzado la portavoz de En Comù Podem en el Congreso, Lucía Martín, quien ha calificado como un «verdadero escándalo que contribuye al descrédito de la Justicia» que este magistrado, que «fue profesor de un centro universitario propiedad de la banca» haya rectificado la resolución anterior de sus compañeros de Sala.
Martín ha confiado en que el pleno del próximo 5 de noviembre no rectifique la sentencia y ha pedido al Gobierno que impulse una reforma de la ley para que «quede claro que los impuestos de las hipotecas tienen que asumirlos las entidades financieras».