El presidente de la siderúrgica en España se reafirma en el argumento de que no son plantas competitivas
23 oct 2018 . Actualizado a las 22:56 h.El presidente de Alcoa en España, Rubén Bartolomé, defendió ante el secretario general de Industria, Raúl Blanco, el expediente de despido colectivo para los 686 trabajadores de las fábricas de A Coruña y Avilés, durante la primera reunión oficial tras el anuncio de cierre. El encuentro tuvo lugar en Madrid y asistieron también la directora general de Política Energética y Minas, María Jesús Martín, representantes sindicales, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, y el director general de Industria de Asturias, Manuel Monterrey.
Bartolomé defendió los argumentos esgrimidos por la compañía: se trata de plantas no competitivas que acumulan varios años en pérdidas. Pero avanzó que la empresa tratará de reducir en todo lo posible el impacto que tendrá el cierre. Para ello, la próxima semana se abrirá un proceso negociador con los sindicatos para pactar un plan social. «Trataremos de alcanzar el mejor acuerdo posible para ambas partes», resaltaron fuentes de Alcoa.
La compañía mandó a la reunión a cinco directivos, al frente de los cuales estaba Bartolomé. Pero también se encontraba en el grupo el canadiense Olivier Charest, enviado por la cúpula con sede en la ciudad estadounidense de Pittsburgh, donde se toman todas las decisiones.
La firmeza en el discurso de Rubén Bartolomé y su negativa a retirar el expediente para negociar encendió los ánimos de los representantes de UGT y de CC.OO., que abandonaron la reunión airados. Estaban el secretario general de la Federación de Industria de UGT, Pedro Hojas, y de CC.OO., Agustín Martín. «Han tratado de convencernos pero no lo han hecho. Se han centrado en razones espurias sin pensar en el daño que harían a los trabajadores. Les esperaremos e iremos a la negociación del ERE porque nos obliga a la ley, pero iremos con una actitud muy belicosa y muy radical», señaló Martín.
Francisco Conde intervino en la reunión para pedir a la empresa que retirara su expediente de despido colectivo y que no cerrase las plantas -sin éxito alguno, como los sindicatos-, y al Gobierno que diseñara cuanto antes un marco energético estable en el que puedan moverse con seguridad las industrias. El conselleiro de Industria explicó que no solo es imprescindible para intentar que Alcoa cambie de opinión y mantenga abiertas las fábricas, también lo es para posibles inversores en las plantas, si finalmente la multinacional cumple sus amenazas.
Incentivos sin definir aún
La compañía con sede en Pittsburgh ya no vincula directamente los ahogos de las instalaciones de A Coruña y Avilés con el elevado precio de la electricidad en España, aunque es uno de los factores que ponen piedras en el camino de la productividad de las plantas. El Gobierno todavía no ha definido de qué incentivos dispondrán las industrias en el 2019 para compensar los elevados precios eléctricos. Este tipo de apoyo son comunes en toda Europa.
