El peor saldo en creación de empleo fuerza a la Xunta a invertir más en política laboral

Las partidas de empleo suman 254 millones, y crecen el doble que el resto del Orzamento


santiago / la voz

Lo han advertido desde hace tiempo economistas, analistas y distintos informes. Galicia no está aprovechando el crecimiento económico todo lo bien que debiera en términos de generación de empleo. La ocupación crece por debajo de la media española, y aún no ha alcanzado los niveles precrisis, algo que sí sucede en otros territorios. De hecho, para alcanzar ese umbral debería aumentar un 13 % más. A pesar de que este año se aprecia una mejora en el aumento de la población ocupada, que crece un 2,5 %, sigue siendo inferior a la media española (2,8 %), según los últimos datos de la EPA.

En el proyecto de presupuestos que entregó ayer la Xunta en el Parlamento gallego, que en las grandes líneas sigue una senda continuista, sí se aprecia una reorientación del gasto en política laboral. Las partidas para la promoción del empleo y para instituciones del mercado de trabajo suman 254 millones de euros, un 7 % más, lo que supone crecer casi el doble de lo que lo hace un presupuesto que suma 9.850 millones, el más alto desde el 2010. El objetivo anunciado ayer por Valeriano Martínez es que Galicia, pese a la desaceleración económica, cree el próximo año 15.000 nuevos puestos de trabajo.

 Las áreas

Más para Francisco Conde. El aumento de las partidas para el fomento de la empleabilidad, junto a la promoción del emprendimiento y la economía social, hace que la Consellería de Economía, Emprego e Industria, competente en el área laboral y a cuyo cargo está Francisco Conde, sea la que más sube en términos relativos (10,3 %). En cifras absolutas, Sanidade y Educación absorben, respectivamente, 3.987 y 2.390 millones, es decir, casi el 65 %. Si se suma el resto de gasto de política social, representan dos de cada tres euros del presupuesto, una proporción similar a la de los últimos años.

por provincias

Reequilibrio. En cuanto a la inversión territorializada, el proyecto enviado ayer a la Cámara muestra que la mayor inversión por habitante será, un año más, en la provincia de Lugo, con 4.022 euros per cápita, seguida de Ourense, con 3.928. A continuación se situaría A Coruña, con 3.157, y Pontevedra, con 3.035. El análisis del gasto per cápita puede estar condicionado por la variable demográfica, es decir, que, al ser menos habitantes, toque a más. En volumen absoluto de gasto, Lugo y Ourense recibirán el próximo año 1.341 y 1.223 millones, respectivamente, frente a los 3.541 de A Coruña y los 2.862 de Pontevedra, lo que supone que sus recursos crecen un 6,2 y un 6,6 %, por encima de lo que lo hacen en las dos provincias atlánticas: en A Coruña sube el 5,7 % y en Pontevedra, el 4,5 %. 

LA INVERSIÓN

Un 5,2 % más. La suma de los gastos de capital, es decir, los capítulos seis y siete, asciende a 1.652 millones, lo que significa un crecimiento de la inversión del 5,2 %, por encima del aumento medio del presupuesto de gasto. Aquí se incluiría tanto la inversión directa que hace la Administración gallega como las transferencias de capital para que las actuaciones las hagan otras Administraciones o particulares.

EMPLEo PÚBLICO

Un 2,4 % más de salario. El Gobierno gallego prevé en los presupuestos del 2019 aplicar un incremento salarial del 2,4 % para el conjunto de sus empleados públicos, lo que supone que el próximo año será el cuarto consecutivo en el que suben las retribuciones. Este aumento, según anunció ayer el responsable de Facenda, se hará en el momento en el que la Administración gallega cuente con la habilitación legal del Estado. El Gobierno gallego hace así la correspondiente reserva de crédito -igual que ocurrió ya en el 2018 - para aplicar la subida con la mayor celeridad y sin necesidad de tener que hacer cambios normativos. El propio Valeriano Martínez celebró ayer en el Parlamento que Galicia haya sido capaz de sacar adelante sus cuentas pese a la inestabilidad de Madrid. 

Deuda y crecimiento

Menos intereses. En las cuentas del próximo 2019, el único capítulo de gasto que baja es el de los intereses de la deuda, que se reduce un 2,5 %, en comparación con este 2018. Facenda cuantifica el ahorro en 5 millones de euros respecto al 2018. Galicia pagará por este concepto el próximo ejercicio 165 millones, menos de la mitad que en el 2014, cuando se alcanzaron 350. Unos recursos disponibles que, según la Xunta, sirven para reforzar la inversión y, en consecuencia, para contribuir a un crecimiento que, según el cuadro macroeconómico del presupuesto, se situará en el 2,5 del PIB, por encima de la media española (2,3 %), del resto de economías avanzadas (2,1 %) y también del que está previsto para el conjunto de la zona euro (1,9 %).

Modificada la ley empresarial para reducir los plazos a nuevos proyectos

La llamada Lei de Medidas Fiscais e Administrativas del 2019, en tiempos como conocida como ley de acompañamiento, incluye una modificación de la nueva normativa que aprobó la Xunta para atraer empresas, y que entró en vigor el pasado año, hasta ahora con unos discretos resultados. Concretamente, se añaden tres nuevos artículos sobre una nueva figura que se pondrá en marcha: las iniciativas empresariales prioritarias. Un paso más para seguir avanzado en la simplificación administrativa que permita captar nuevas inversiones.

De valor añadido

Concretamente, tendrán esta consideración aquellos proyectos empresariales que aporten valor añadido en las áreas de innovación, competitividad, internacionalización, protección ambiental, igualdad en el ámbito laboral o conciliación y que cumplan, como mínimo, dos de los requisitos que se exigen en materia de inversión y de creación de empleo.

Estas condiciones son las siguientes: la generación de 25 o más puestos de trabajo directos con contrato indefinido a jornada completa; la realización de una inversión en activos fijos -excluidos los inmobiliarios- por dos o más millones de euros; y, por último, que sean proyectos tractores o pertenecientes a sectores estratégicos.

El Consello da Xunta sería el que aprobase las iniciativas empresariales prioritarias para reducir los plazos de tramitación a la mitad.

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