El Tribunal Supremo paraliza la sentencia sobre los impuestos de las hipotecas y la estudiará
ECONOMÍA
El Tribunal deja en suspenso todos los recursos de casación hasta que decida si confirma la jurisprudencia que obligaría a pagar el tributo a la banca y no al cliente
19 oct 2018 . Actualizado a las 23:39 h.Confusión absoluta. Eso es lo que desató este viernes la insólita decisión del Tribunal Supremo de revisar si aplicará o no el «giro jurisprudencial» que, apenas 24 horas, había consumado el propio órgano, al publicar una sentencia en la que se corregía a sí mismo y declaraba que era la banca y no el cliente quien debía pagar el impuesto que grava las hipotecas, conocido como actos jurídicos documentados.
A través de una escueta nota, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo, explicaba que, «habida cuenta de la enorme repercusión económica y social» del fallo conocido la víspera (por impacto en la banca, principalmente) acordó «con carácter urgente» que sea el pleno de la sala quien resuelva «si dicho giro jurisprudencial debe o no ser confirmado». Es decir, que sea la treintena de magistrados que conforman el pleno, en lugar de solo los seis que firman la sentencia del 16 de octubre, quien determine si finalmente serán los bancos o los clientes los que tendrán que pagar al fisco autonómico el impuesto de la hipoteca. Además, su fallo entraba en colisión con otro del mismo tribunal (aunque de la Sala de lo Civil) dictado a finales de febrero.
Todo parado mientras
De este modo, mientras que no se fija la fecha de dicha infrecuente reunión para aclarar una sentencia propia -reunión que el presidente pide con «urgencia»- el Alto Tribunal aparcará todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes.
Las reacciones a dicha decisión no se hicieron esperar. La primera, en el parqué, donde los títulos de la banca, que la víspera se habían literalmente desangrado (el sector perdió más de 5.000 millones de capitalización el jueves), rebotaron, alentados por la posibilidad de que al final la justicia no les gravara con este otro impuesto, haciendo un nuevo roto a sus cuentas.
Pero quienes sufrieron el mayor impacto fueron los cientos de miles de potenciales afectados por el último -hasta ahora- cambio de criterio del Supremo, que ya se habían hecho a la idea de que podrían recuperar ese dinero, reclamándolo vía administrativa a la Hacienda autonómica. En el caso de Galicia, hay 71.500 clientes que formalizaron hipotecas desde el año 2014. Es el ejercicio a partir del cual el pago no habría prescrito, según apuntan expertos jurídicos. No se sabe qué sucederá con el resto de casos, si tendrá que ir a los juzgados o también se les reintegrará. Todo queda en el aire.
En cualquier caso, la sorpresa ante la inesperada decisión del presidente de la Sala Tercera fue general. En tierra de nadie se encontró también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que conoció la última noticia del tribunal durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando precisamente admitía que el Ejecutivo desconocía el alcance que podría tener la sentencia -por su complejidad- y pedía «más tiempo» para analizarla y coordinar una respuesta con las comunidades autónomas.
Los notarios informan
En este escenario, durante la mañana, fuentes del Consejo General del Notariado confirmaron a La Voz que los notarios estaban informando a quienes acudían a firmar su hipoteca sobre la sentencia del Supremo que establecía que era el banco y no el cliente el sujeto tributario del impuesto. Sin embargo, desde que trascendió el anuncio de que el fallo se revisará para decidir si se aplica o no, las mismas fuentes apuntaron que se informaba también de este extremo, para asegurarse de que el contrato se ajusta a la ley y ambas partes son conscientes de lo que firman, incluyendo las implicaciones de la decisión final del Supremo respecto a este gravamen.
Lo que no confirmaron los notarios es si han detectado que se esté aplazando la firma de escrituras, algo lógico hasta que el tribunal aclare quién debe pagar. De todos modos, tras la formalización, hay 30 días hábiles de plazo para abonar este tributo, sea quien sea el que la ley fije que debe correr con dicho gasto.
Quienes sí han hecho movimientos preventivos han sido los bancos. Santander y BBVA suprimieron este viernes de su web las ofertas promocionales de hipotecas a tipo variable y fijo para captar clientes. No sea que al final tengan que subir los tipos para absorber el impacto de este inesperado cambio tributario.
Facenda dice que vigilará para que la resolución «non sexa lesiva para as arcas públicas»
m. b.
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, recomendó este viernes «prudencia» sobre el asunto de la sentencia del Supremo, al tratarse de un caso que afecta al conjunto de las comunidades autónomas.
En su comparecencia tras la presentación del proyecto de presupuestos en el Parlamento gallego, el responsable de la Xunta avanzó que la semana que viene habrá una reunión en Madrid para abordar un asunto que calificó como «complejo». Pese a todo, el conselleiro sí mostró su «total convencemento do dereito das persoas a reclamar por vía administrativa, polo que actuaremos en consecuencia para que non sexa lesivo para as arcas públicas, xa que o suxeito pasivo son as entidades financeiras», dijo. Cada año se presentan entre 19.000 y 20.000 autoliquidaciones del impuesto de actos jurídicos documentados.
Sobre adónde deben de dirigirse los afectados, el conselleiro de Facenda insistió en que ahora toca dotarse de «templanza» para que se adopten las decisiones necesarias, de forma que se pueda facilitar la vida de los contribuyentes. Según Valeriano Martínez, la pelota está en el tejado de las administraciones tributarias, que deberán dar «unha resposta coordinada», algo que afecta a todas las comunidades.