Alcoa recibió 500 millones del Estado desde su primera amenaza de cierre, en el 2014

f. fernández / m. sande / b. couce REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

MARCOS MIGUEZ

Los incentivos abarataron la factura eléctrica de las fábricas que ahora quiere clausurar

13 nov 2019 . Actualizado a las 18:39 h.

La multinacional del aluminio Alcoa se ha embolsado solo en los cuatro últimos años alrededor de 500 millones de euros públicos para abaratar su abultada factura de la luz y hacer así competitivas sus tres fábricas españolas. Pero ahora quiere cerrar dos de ellas, la de A Coruña y la de Avilés, antes de que acabe el 2018, y dejar en la calle a sus casi 700 empleados en plantilla, con el argumento de que no son rentables porque han perdido, dice, 100 millones entre ambas solo en los dos últimos ejercicios.

Esos 500 millones los obtuvo la compañía con sede en Pittsburgh (EE. UU.) en las subastas de interrumpibilidad, que convoca el Gobierno para repartir incentivos eléctricos entre las industrias. La primera puja se celebró a finales del 2014 -fue cuando Alcoa comenzó a lanzar sus amenazas de cierre porque los fondos eran insuficientes- para adjudicar el dinero del que dispondrían las compañías al año siguiente, o sea, en el 2015. La empresa logró en esa primera puja 140 millones para sus tres plantas, según cálculos realizados en su momento por este periódico a partir de información facilitada por los comités de empresa. Porque los resultados oficiales detallados de las subastas, beneficiario a beneficiario, son confidenciales. Al año siguiente, en el 2016, Alcoa se hizo con otros 100 millones, que crecieron a 150 en el 2017. El último ejercicio, hasta el momento, el 2018, es el más rácano de todos, pues los incentivos rondan los 80 millones.

La multinacional suele llevarse en las pujas en torno al 30 % de los fondos totales en liza, porcentaje confirmado ayer por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. El presupuesto para interrumpibilidad ronda los 500 millones anuales, salvo este 2018, cuando el Gobierno partió en dos la convocatoria, y el dinero quedó reducido a algo más de 300 millones. Estas partidas, por cierto, forman parte de los costes regulados del sistema eléctrico y, como tales, son sufragados por todos los consumidores de electricidad a través de la factura de la luz.