Los autónomos no verán aumentada su cuota por el alza del salario mínimo

El Gobierno prepara el cambio para que puedan cotizar por ingresos reales en enero


madrid / la voz

Primero lo confirmaron los ministerios de Trabajo y de Hacienda y ayer lo hizo el propio presidente del Gobierno: la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros el año que viene, recogida en el acuerdo presupuestario de Ejecutivo y Unidos Podemos, no afectará a las bases de cotización de los autónomos, que en un primer momento temieron tener que encajar en su contabilidad un alza de 35 euros al mes en la cuota, 420 al año.

Precisamente eso fue lo que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le echó en cara a Pedro Sánchez en la mañana del miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, acusándole de «meter un sablazo» al colectivo. «Señor Rivera, usted debería informarse algo mejor antes de plantear las preguntas. Mire, nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del SMI en 900 euros. Por tanto, quítese esa idea de la cabeza y deje de mentir a los trabajadores autónomos», le respondió Sánchez en el hemiciclo, disipando así las dudas que pudieran quedar al respecto.

Y es que en un primer momento las organizaciones de autoempleados, como la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) o la Confederación Española de Autónomos (CEAT), alertaron de las repercusiones negativas que para el colectivo tendría que no se desvinculase la subida del salario mínimo (superior al 22 % para el próximo año) de la de la base mínima de cotización, ya que -por ley- esta última no puede ser inferior al importe del SMI. Por ello, desde el colectivo de autónomos se advirtió del riesgo de que, ante un incremento inasumible, muchos trabajadores acabaran engrosando la bolsa de la economía sumergida.

Cotizar por ingresos reales

Sin embargo, desde el Gobierno no solo han negado tal extremo, sino que, además, están trabajando ya para que el próximo 1 de enero entre en vigor la reforma del régimen de autónomos que les permita cotizar por sus ingresos reales -una de las primeras medidas a las que se comprometió la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio-, lo que supondrá una rebaja para aquellos con menor facturación.

Así, fuentes del Ejecutivo explicaron que el objetivo es arrancar el próximo año ya con la reforma en vigor, pero que, de no llegar a tiempo, se desvincularía la subida del SMI de la de la cuota mínima para los autoempleados. De hecho, hay compromiso de que se bonificará la cuota de aquellos autónomos cuyos ingresos sean inferiores a 12.600 euros al año (equivalente al SMI), para evitar que -como la propia Valerio admitió- estén sobrecotizando a la Seguridad Social. Se estima que en esa situación están entre 500.000 y 600.000 autónomos (uno de cada cuatro).

ATA y UPTA, dos de las principales organizaciones del colectivo, ya propusieron al Ejecutivo que se fije una cuota reducida, similar a la tarifa plana, para que quienes menos facturan paguen solo 50 euros mensuales a la Seguridad Social, en lugar de los actuales 278.

Asimismo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, recordó que el problema de la subida del SMI es grave para los autónomos con empleados (alrededor de un millón tienen uno o dos trabajadores), por lo que pidió algún tipo de bonificación para que la subida de la base mínima de cotización se haga de forma progresiva. «El coste anual total (salario más cotizaciones) para autónomos de un trabajador con SMI en este año es de 13.500 euros. En el 2019 será de 16.500. Un 22% más en un año y 3.000 euros por trabajador», se quejó.

Calviño asegura que si se sube el salario mínimo cuando la economía crece se puede crear empleo

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, destacó ayer que hay evidencias empíricas de que cuando se aumenta el salario mínimo interprofesional (SMI) en contextos de crecimiento económico «no solo no se ha destruido empleo, sino que se ha creado», por lo que ha negado que la decisión del Gobierno de elevar la nómina mínima en España a 900 euros al mes (en 14 pagas) vaya a producir un frenazo en el mercado laboral.

«Hablo de evidencias, más allá de las estimaciones», dijo la ministra durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Senado, en la que hizo referencia a previsiones y modelos mixtos que hacen diferentes organismos para analizar si este incremento podría repercutir de forma negativa en el empleo.

Calviño reiteró que los salarios han subido muy poco en los últimos años y que hay un elevado porcentaje de trabajadores que están en riesgo de pobreza pese a tener empleo.

Cataluña y el «brexit»

Durante su comparecencia, la ministra se refirió también a la situación económica en Cataluña y pidió una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el Reino Unido con el brexit, ya que dos años después de haberse aprobado en referendo la salida de la Unión Europea los fundamentos e indicadores económicos británicos han empeorado.

En esa línea, Calviño advirtió que la estabilidad económica y política es necesaria para los inversores, e incidió en que, teniendo en cuenta el peso de Cataluña en el PIB español, «lo que es bueno para Cataluña es bueno para España». «Hay que seguir en la senda de mejorar la situación y mantener el entorno económico en Cataluña», concluyó.

Impuesto al gasoil

En torno al nuevo impuesto al gasoil (cuya carga tributaria subirá en 3,8 céntimos por litro si salen adelante los Presupuestos), la ministra explicó que no se trata de gravar más este carburante, sino de «alinear» su imposición con la de la gasolina, aunque recordó que los profesionales, como transportistas y agricultores, quedarán al margen de este sobrecoste.

Sobre el impacto en el bolsillo del resto de los conductores, Calviño cifró en unos tres euros al mes el coste para un usuario medio, por lo que afirmó que bautizar la medida como dieselazo «es una desproporción».

La reforma del subsidio por desempleo para mayores de 52 años ya no obligará a jubilarse anticipadamente

Otra de las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario entre Gobierno y Unidos Podemos es la restitución del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, que en el 2013 el Gobierno del PP retrasó a los 55 años, amén de endurecer las condiciones de acceso. Ahora el Ministerio de Trabajo ultima con los agentes sociales -con los sindicatos el acuerdo ya está prácticamente cerrado, a la espera de que se sume la patronal- los cambios que se introducirán y que mejorarán las condiciones de acceso y la cobertura de los beneficiarios, como confirmó esta semana el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.

Entre las modificaciones que se proyectan figuran, además de restituir a los 52 años el acceso a la ayuda, la posibilidad de que el perceptor de esta decida cuándo quiere acogerse a la jubilación (cumpliendo ciertos requisitos), sin necesidad de solicitar la anticipada, con el consiguiente quebranto económico. Y es que, hasta ahora, era a esta modalidad a la que estaban obligados a recurrir en el momento en el que pudieran hacerlo.

Cómputo de ingresos

Otro de los cambios previstos es el relativo al cómputo de la renta para acceder a la ayuda, que serán los ingresos del potencial beneficiario en exclusiva. El anterior Gobierno había modificado en el 2013 este requisito, pasando a contabilizar la renta de la unidad familiar del desempleado en lugar de la del individuo, lo que restringió el número de beneficiarios del subsidio. De hecho, el pasado verano el Tribunal Constitucional tumbó ese cambio, por lo que desde entonces las oficinas del Servicio Público de Empleo volvieron a baremar solo la renta del desempleado.

En lo que respecta a la base de cotización del subsidio, los cambios que se están negociando con los agentes sociales también incluyen elevarla hasta el 125 % de la base mínima del régimen general, en lugar del 100 % actual. Además, el parado que solicite el subsidio no tendrá que acceder forzosamente a él tras finalizar el cobro de la prestación por desempleo o después de haber estado contratado durante un período mínimo de tres meses, como ocurre hasta ahora.

Se estima que en torno a 250.000 personas perciben actualmente este subsidio, una cifra que aumentará -aunque aún no se ha cuantificado en qué proporción- con la flexibilización prevista de los requisitos. El pacto presupuestario presentado por el Gobierno estima en 330 millones el coste de los cambios anunciados.

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