Alcoa se embolsó en solo cuatro años 500 millones públicos para abaratar su factura de la luz

«La compañía no ha recibido ningún subsidio energético», se defiende la multinacional

¿Por qué cierra Alcoa en A Coruña dejando sin empleo a casi 400 trabajadores? ¿Qué ha llevado a Alcoa a tomar la decisión de cerrar sus plantas en A Coruña y Avilés? En el aire están los empleos de 686 trabajadores entre las dos factorías. Según la compañía no son centros competitivos por el precio de la energía y de la materia prima. Según los trabajadores esto es una «canallada»

la voz

La multinacional del aluminio Alcoa se ha embolsado solo en los cuatro últimos años alrededor de 500 millones de euros públicos para abaratar su abultada factura de la luz y hacer así competitivas sus tres fábricas españolas. Pero ahora quiere cerrar dos de ellas, la de A Coruña y la de Avilés, antes de que acabe el 2018, y dejar en la calle a sus casi 700 empleados en plantilla, con el argumento de que no son rentables porque han perdido, dice, 100 millones entre ambas solo en los dos últimos ejercicios . Esos 500 millones los obtuvo la compañía con sede en Pittsburgh en las subastas de interrumpibilidad, que convoca el Gobierno para repartir incentivos eléctricos entre las industrias. La primera puja se celebró a finales del 2014 para adjudicar el dinero del que dispondrían las compañías al año siguiente, o sea, en el 2015. En esa, la empresa logró 140 millones para sus tres plantas, según cálculos realizados en su momento por este periódico a partir de información facilitada por los comités de empresa. Porque los resultados detallados de las subastas, beneficiario a beneficiario, son confidenciales. Al año siguiente, en el 2016, Alcoa se hizo con otros 100 millones, que crecieron a 150 en el 2017. El último ejercicio, hasta el momento, el 2018, es el más rácano de todos, pues los incentivos rondan los 80 millones de euros.

La multinacional suele llevarse en las pujas en torno al 30 % de los fondos totales en liza. El presupuesto para interrumpibilidad ronda los 500 millones anuales, salvo este 2018, cuando el Gobierno partió en dos la convocatoria, y el dinero quedó reducido a algo más de 300 millones. Estas partidas, por cierto, forman parte de los costes regulados del sistema eléctrico y, como tales, son sufragados por todos los consumidores de electricidad a través de la factura de la luz.

En Galicia también se benefician de la interrumpibilidad otras empresas como Megasa, Ferroatlántica, Finsa, SGL Carbón y Celsa, entre otras.

Alcoa, como el resto de grandes industrias representadas en AEGE (asociación de empresas con gran consumo de energía), defiende este sistema público de retribución como garantía de supervivencia de las fábricas, ya que los incentivos abaratan sus costes energéticos y les permiten competir en el resto de países europeos. De hecho, existen mecanismos parecidos por Europa adelante. «La industria del aluminio es así, requiere incentivos», incidieron fuentes de la compañía. Y añadieron que: «En comparación con nuestras competidoras europeas, nunca hemos tenido un trato preferencial en este país».

La multinacional rechaza de plano recibir algún «subsidio energético», ya que, recuerda, presta un servicio al sistema a cambio de recibir esos fondos para aliviar sus costes. Formalmente, así es. Las empresas que se adjudican megavatios hora bonificados en las subastas están a disposición de Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema nacional, para ver cómo se corta su suministro eléctrico. Hasta este año, este servicio, que lleva el mismo nombre que las pujas, se activaba básicamente para evitar apagones. Por ejemplo, si fallaba una central de generación eléctrica, REE garantizaba la seguridad del suministro a los consumidores reduciendo consumo a las empresas anotadas en este servicio. Desde este año, también se echa mano de él para abaratar indirectamente el precio de la electricidad.

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