No le gusta el plan del Gobierno de Sánchez, pero el gran frente de batalla de la Comisión son las cuentas italianas
16 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El equipo de Jean Claude Juncker ya tiene preparada la lupa para examinar al detalle las cuentas pactadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, cuyas líneas maestras deberían haber llegado a Bruselas ayer. Las primeras vibraciones en los cuarteles de la Comisión Europea no son buenas. «Veremos qué nos deparan», señalan.
Las previsiones de crecimiento se siguen enfriando y bajan una décima, hasta el 2,6 % del PIB, para este año, y al 2,3 % en el 2019. A pesar de los riesgos que acechan a la economía desde el exterior (proteccionismo y aumento del precio de la energía) y de las señales que apuntan a un menor dinamismo de la demanda interna, el Ejecutivo español insiste en presentar un plan presupuestario expansivo que vuelve, una vez más, a dejar de lado el objetivo de déficit, que se irá al 2,7 % este año (cinco décimas más del objetivo oficial aún vigente) y al 1,8 % en el 2019. Una relajación fiscal que las autoridades comunitarias no ven con buenos ojos. El equipo del comisario de Economía, Pierre Moscovici, insiste en que España debe aprovechar los «vientos de cola» para sanear las cuentas y prepararse para cualquier shock que pueda desatarse en los mercados.
En líneas generales, la Comisión intuye que los Presupuestos españoles pecarán, como siempre, de optimismo en el capítulo de ingresos. En esta pata se apoyan la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Hacienda, María Jesús Montero, para justificar la relajación fiscal de 6.000 millones de euros. A pesar de la desviación del objetivo de déficit y de la marcada apuesta del Gobierno de Sánchez por priorizar las inversiones públicas, Bruselas no vería con tan malos ojos las cuentas si España cumple y ejecuta un esfuerzo estructural del 0,4 % anual.
La batalla se juega en el terreno de las pensiones. El coste de su subida (unos 1.000 millones de euros) irrita a los guardianes del Pacto de Estabilidad. La Comisión advierte del riesgo de ligar la evolución de las prestaciones al IPC. «En relación con los salarios, las pensiones [españolas] actuales están entre las más altas de la UE [...]. Sus incrementos y el aplazamiento del factor de sostenibilidad ponen en cuestión los compromisos con las reformas», advirtió la institución en sus últimas recomendaciones.
Sintonía en materia impositiva
También suenan las alarmas en relación con la supresión progresiva del copago farmacéutico o la derogación de algunas medidas de flexibilidad aprobadas en la reforma laboral del 2012. Más aún si el Gobierno sigue adelante con su plan para subir el salario mínimo a los 900 euros. ¿Cómo piensa sufragar el equipo de Sánchez el gasto público para becas, I+D+i, prestaciones familiares, alquiler social y dependencia? Con impuestos. Y en este terreno, Moscovici y Calviño se entienden. La decisión de seguir adelante con el impuesto a los gigantes digitales y a las transacciones financieras son más que bienvenidas en Bruselas.
La reforma fiscal, que prevé la rebaja del IVA en productos de higiene femenina y cambios en el sistema de cotización de los autónomos, podría contrarrestarse con el aumento contributivo de las grandes fortunas y la subida del tipo máximo de IRPF a las rentas más altas. No obstante, la Comisión Europea sigue albergando dudas sobre la capacidad de España para hacer aflorar fondos extras para el erario.
A pesar de que el país seguirá incumpliendo el calendario del déficit, Bruselas está dispuesta a ofrecer flexibilidad a regañadientes. La guerra se libra en otro frente: Italia. A diferencia del Ejecutivo de Roma, el de Madrid no cuestiona ni desafía abiertamente la hoja de ruta de la Comisión. El pasado de Calviño al frente de los presupuestos comunitarios es una garantía de compromiso. La institución quiere concentrar todos sus esfuerzos en evitar que la rebelión del Gobierno italiano desate un terremoto en la eurozona que arrastre consigo a los países más expuestos, como España.
En el plazo de una semana, Bruselas remitirá una carta al Ejecutivo español para comunicar sus primera impresiones y reclamar posibles ajustes. Pero será en noviembre cuando publique su análisis detallado del plan presupuestario español.
