¿Es el camino diseñado por Sánchez y Podemos el único para pagar mayores prestaciones sociales teniendo en cuenta que la bolsa de economía sumergida que hay en España representa el 25 % del PIB?
14 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y copresidente de facto (¿o no?) del Gobierno de España, firmaron el jueves las grandes líneas de los Presupuestos Generales para el 2019. El término de populistas les queda corto, y algunos economistas los han llegado a calificar como destructores. Miguel Lacalle, en Expansión, dice por ejemplo: «Ante una desaceleración económica moderada y un entorno global complejo, lanzar un presupuesto plagado de promesas de gasto y aumento de impuestos que atacan al crecimiento, el empleo y el ahorro es mucho más que peligroso, es suicida». La propuesta pasa por subir dos puntos el tipo máximo de IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, la fiscalidad del ahorro aumentará un 21 % a partir de 140.000 euros, se creará un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15 %, que se elevará al 18 % para la banca y petroleras, aumenta el permiso de paternidad (ya veremos si solo para los funcionarios o en todas las empresas), se incrementarán un 3 % las pensiones mínimas y se subirá el resto de acuerdo con el IPC, y, la medida estrella, el salario mínimo interprofesional será de 900 euros. En resumen, los cálculos oficiales es que se incrementarán en 5.700 millones los ingresos a través de la fiscalidad, y el gasto público crecerá en 5.000.
Estos datos también están cuestionados (por ejemplo, la bajada de sociedades al 23 % de las micropymes apenas supondrá un ahorro de 36 millones de euros, ya que solo afectaría a 7.200 empresas), pero pensemos de buena fe que son correctos y volvamos a recordar que lo que pretenden hacer Sánchez e Iglesias es subir impuestos para pagar mayores prestaciones sociales. Perfecto, porque los dos políticos tienen un corazón bien grande, y todas estas medidas no llevan el apellido de electoralistas. Entonces pasemos a la siguiente pregunta: si ese es el objetivo (más impuestos, más prestaciones), ¿el diseñado es el único camino para hacerlo teniendo en cuenta que la bolsa de economía sumergida que hay en España representa el 25 % del PIB, es decir más de 250.000 millones de euros? Está claro que no.
Analicemos los datos sobre el dinero negro (no declarado) que, según los técnicos de Hacienda, se mueve:
1.- De la evasión total, el 19 % se recupera y el 81 % se queda impune (se cifra en 79.000 millones de euros incluido el fraude a la Seguridad Social).
2.- El 80 % de la plantilla de la Agencia Tributaria está destinada a la inspección de las pequeñas empresas, autónomos y demás, y el 20 % de las grandes compañías.
3.- La economía sumergida, según la Fundación Funcas, crece en momentos de crisis, y ya hay alertas de que estamos a punto de entrar en una desaceleración.
Los técnicos de Hacienda calculan que, sin «inventar nada» y copiando lo que han hecho países como Francia, se podría recaudar a medio plazo 38.000 millones, frente a los 1.500 del corto plazo del Gobierno. No se entiende nada, o más bien poco. Con la medida del incremento del salario mínimo a 900 euros lo que ocurrirá es que las empresas pequeñas y los autónomos, además de no contratar personal, echarán al que tienen, y, muy probablemente, lo volverán a contratar «en blanco» a media jornada y «el resto se lo pagarán en negro». Dónde están las bolsas de fraude es conocido. Las grandes y las pequeñas. Actuar contra ellas no tiene que ser difícil. Solo hay que dejar deducir mínimamente por cualquier gasto realizado en un dentista, en un médico, en un abogado o en un fontanero, por ejemplo, para que unos españoles (incluidos los trabajadores de la Agencia Tributaria) comiencen a pedir factura y otros a tributar por su trabajo. Hay que querer.