FMI, empresas y eléctricas cuestionan las cuentas del Gobierno y Podemos

La patronal avisa: las medidas provocarán inseguridad jurídica y reducirán empleo


redacción / la voz

«Desafortunadamente, desde el 2015, cuando el crecimiento ha sido significativamente superior al potencial y hemos tenido una sostenida caída en el desempleo, España no ha reconstruido su espacio fiscal». Esa fue la advertencia que hizo ayer el director del departamento de Europa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Poul Thomsen, desde la asamblea anual que la institución celebra estos días en Indonesia, sobre el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos la víspera. El FMI pide al Ejecutivo mayor rigor fiscal, insistiendo en que su política tributaria «debería ser más contracíclica», es decir, que debería aprovechar la expansión económica que aún vivimos (y que está frenándose) para reducir el gasto y ahorrar para las vacas flacas.

Exactamente lo contrario que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricaron el jueves: su proyecto supone un incremento de gasto de 5.000 millones. Porque entre las medidas estrella del acuerdo está la mayor subida de la historia del salario mínimo interprofesional (SMI), un 22,3 %, hasta los 900 euros mensuales, un alza sobre la que el FMI también pide al Gobierno que sea «cuidadoso».

Riesgo para la contratación

Y es que, aunque Thomsen admitió que el incremento puede justificarse «por razones sociales», hay que hacerlo de forma equilibrada para que «no desincentive la contratación y excluya a la gente del mercado laboral».

Precisamente sobre este riesgo para la contratación también ha alertado la patronal, muy crítica con el acuerdo presupuestario, del que cree que no permitirá consolidar el ciclo económico expansivo. Desde la CEOE discrepan del diagnóstico de que hay un problema de ingresos tributarios: «Discrepamos, puesto que en el 2018 la recaudación prevista superará el máximo histórico del 2007, año en el que existió superávit presupuestario. Es evidente que si se han recuperado los ingresos y, aun así, nos encontramos en déficit, es porque el gasto no se ha contenido».

Los empresarios defienden que el incremento de la recaudación «debe venir por la vía del incremento de las bases imponibles (aumento de la riqueza de empresas y ciudadanos) y no por la del aumento de impuestos». Tampoco creen acertada la estimación de recaudación que ha hecho Hacienda (5.678 millones), que esperan sea «significativamente inferior», algo en lo que también coincide el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

La patronal se queja igualmente de que el aumento de la carga fiscal, sobre todo al empresarial, «resta competitividad a la economía e introduce inseguridad jurídica, que va a retrasar las decisiones de inversión, con impacto en la creación de empleo en el sector privado».

También el sector eléctrico se queja de las medidas fiscales pactadas. De hecho, ha pedido que no se apliquen propuestas que penalicen las energías libres de emisiones, como las que se proponen respecto de la nuclear y la hidroeléctrica. Y es que el acuerdo de Presupuestos incluye poner en marcha cambios normativos en el mercado «para acabar con la sobrerretribución», los conocidos como «beneficios caídos del cielo» (windfall profits) que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como las citadas. El sector asegura que comparte la necesidad de una reforma del mercado de generación hacia estructuras ya existentes en la UE, pero cree que dicha reforma debe ser «general, y no tecnológica». Con las medidas propuestas -que creen contrarias a la normativa de la UE- augura una judicialización del sector.

Gobierno y Podemos sellan un pacto de legislatura sin garantía económica detrás

Ana Balseiro
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Los puntos clave del pacto presupuestario Subir el salario mínimo a 900 euros y los impuestos a las rentas más altas, permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, un plan estatal de vivienda y mejoras para las ayudas en dependencia

Incluye subir pensiones y salario mínimo y eliminar copagos y confirma las alzas fiscales

«Presupuestos para un Estado social». Así han bautizado el Gobierno y Unidos Podemos el acuerdo alcanzado para sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio, que, de prosperar, serán las primeras de Pedro Sánchez. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, presentó a trazo grueso los ejes principales del acuerdo, que se detallarán en el plan presupuestario que el Gobierno enviará el lunes a Bruselas -después de aprobarlo en un Consejo de Ministros extraordinario- y que ya contendrá las cifras desglosadas, sobre las que ayer la ministra se negó a hablar.

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