Montero asegura que el Gobierno no subirá el IVA, diga lo que diga el FMI

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

J.P.Gandul | Efe

10 oct 2018 . Actualizado a las 07:36 h.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que el Gobierno no subirá el IVA aunque lo pida el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque no está vinculado al nivel de renta, e insistió en que elevarán los impuestos a las grandes empresas, los grandes patrimonios y la compraventa de acciones.

Durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado, Montero recordó que los Presupuestos del 2019 conllevarán una reforma fiscal progresiva para que quienes más tienen contribuyan algo más a la protección de los ciudadanos de clase media y trabajadora. «Con más educación y sanidad pública, con pensiones actualizadas al IPC y con más recursos para dependencia», insistió, al tiempo que acusó al PP de «mentir» en los Presupuestos Generales del Estado del 2018, porque faltaban cerca de 3.000 millones de ingresos que harán desviar el déficit de este año más allá del 2,2 % del PIB que preveía el Gobierno de Mariano Rajoy.

Criticó que el PP no apoye la modificación de la ley de estabilidad que permitiría sortear el veto del Senado a una senda de déficit más flexible y afirmó que el anterior Ejecutivo ha utilizado las políticas de austeridad como coartada para desmantelar el Estado de bienestar. «No hay justificación para ir más lejos de la propia senda que marca Bruselas y queda al descubierto la mentira del PP durante su Gobierno», le espetó al senador popular Juan Antonio de las Heras, que le había reprochado que el FMI haya pedido ajustar el gasto precisamente en 6.000 millones de euros, el margen que daría el nuevo objetivo de déficit socialista.

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró que las recomendaciones emitidas por el FMI para España «están en línea» con las medidas que está llevando a cabo el Gobierno con el fin de «hacer frente a los retos del futuro». En el pleno del Senado, la gallega concretó las medidas del Ejecutivo en materia económica: reducir el déficit y la deuda a través de la «responsabilidad fiscal», luchar contra la pobreza con la cohesión social y «modernizar» el modelo productivo mediante las agendas industriales.