UGT pide 200 euros más al mes para los 200.000 funcionarios del Estado

El sindicato presentó un informe sobre la desigualdad en la Administración General del Estado


madrid / colpisa

Una subida lineal de 200 euros al mes para los más de 200.000 empleados públicos que tiene la Administración General del Estado (AGE). Esa es la reivindicación que presentará UGT al Gobierno en las reuniones que mantendrán en los próximos días para paliar la brecha salarial que sufre este colectivo respecto a otras Administraciones, lo que supondría un gasto extra de 800 millones más al año, según anunció ayer el sindicato en la presentación del informe Mapa de la desigualdad en la Administración General del Estado, aunque reconocieron que son conscientes de que no podrá hacerse en el corto plazo por el alto coste de la medida.

Y es que un funcionario del País Vasco puede ganar 7.000 euros más al año solo por residir en esta comunidad autónoma. Así, por ejemplo, un empleado público del Ministerio de Justicia cobra un complemento específico de 4.930 euros anuales, mientras que su homólogo en el País Vasco (región que tiene transferida esta competencia), que desarrolla exactamente las mismas funciones, ingresa 11.849 euros por este concepto, más del doble.

«La Administración General del Estado se ha caracterizado siempre por ser la que peor retribuye a sus trabajadores, mientras que el País Vasco y Cataluña son las que mejor pagan», denunció Carlos Álvarez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, quien explicó además que ya no se trata solo de las brechas salariales que existen entre las diferentes Administraciones, sino que también son «múltiples y variadas» dentro de la propia AGE.

La brecha en prisiones

El caso más llamativo lo sufren los funcionarios de prisiones, que reciben salarios diferentes en función del centro penitenciario en el que estén prestando sus servicios. Así, por ejemplo, un trabajador de la prisión de Logroño cobra 6.800 euros menos al año que otro que trabaje en alguna de las cárceles vascas, como Nanclares de Oca, que son similares. Esto se da por un complemento específico que tienen y que varía en función de una clasificación de nueve grupos diferentes de cárceles que data de 1989. Es decir, que se establecieron diferentes niveles de peligrosidad. Pero la amenaza de ETA ya no existe.

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