La presión de la Inspección de Trabajo convierte 46.000 empleos temporales en indefinidos

Lucía Palacios MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

MARISCAL | efe

Valerio critica que Podemos aliente movilizaciones de pensionistas

21 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La lucha del Gobierno contra el empleo irregular comienza a dar sus frutos. Apenas un mes después de la puesta en marcha de su Plan Director por un Trabajo Digno, el ministerio de Magdalena Valerio dio a conocer ayer sus primeros resultados. El pasado agosto la Inspección de Trabajo detectó que un total de 80.529 trabajadores tenían contratos temporales que habían sobrepasado el tiempo establecido por ley (un máximo de 12 meses durante un período de 18 meses), y, gracias a esta presión, logró que 46.554 se convirtieran en indefinidos, lo que supone un 57,8 % del total. Estos resultados se conocen después de haber enviado más de 81.000 cartas a empresas por situaciones que afectaban a alrededor de 130.000 trabajadores, pero sin haber llegado a hacer uso de medidas coercitivas, ya que, una vez enviadas las misivas, las compañías disponen de un mes de plazo para regularizar la situación.

«Puede ser una gota de agua en el océano de la precaridad laboral, pero da idea del compromiso del Gobierno y de su voluntad de cambiar las cosas», aseguró la ministra.

Esta es una de las razones por las que el empleo fijo se disparó un 33,4 % en el mes de agosto después de registrar 153.921 contratos de carácter indefinido, casi 40.000 más que en el 2017. Así marcó el mejor dato de toda la serie histórica y encadena ya 55 meses consecutivos en alza. «Parece que se vislumbra una senda en positivo», presumió Valerio, quien, sin embargo, reconoció que los datos de empleo del mes de agosto «no fueron buenos» después de que se destruyeran más de 200.000 puestos de trabajo y aumentaran en más de 47.000 los parados. A este respecto, confía en que la «moderada desaceleración del crecimiento» que se vislumbra no tenga «excesivo impacto en materia laboral».

La ministra también mostró su deseo de que pronto pueda alcanzarse un acuerdo en el Pacto de Toledo sobre la nueva fórmula para revalorizar las pensiones después de que el miércoles se cancelara la reunión prevista ante la imposibilidad de llegar a un consenso. Y en este sentido, lanzó un mensaje a los grupos parlamentarios: «No puede ser que cada uno quiera imponer el 100 % de sus planteamientos, todo el mundo tiene que ceder un poquito de su posición si queremos llegar a un acuerdo».

El principal destinatario de estas palabras sería Unidos Podemos, que se mantiene firme en su postura de no aceptar una fórmula que no implique que las pensiones suban cada año al menos el IPC. La ministra acusó a la formación morada de «alentar» las movilizaciones de los pensionistas.