Un impuesto menos enfriará la luz un 4 %

El Gobierno intenta atacar la escalada de precios de la energía suspendiendo la aplicación de la tasa del 7 % a la generación, ampliando el bono social y creando otro para la calefacción


redacción / la voz

Una familia media podrá ahorrarse en la factura de la luz de este mes de septiembre -el más caro en el último año y medio- menos de tres euros. Así será si se aplicara ya la suspensión del impuesto a la generación de electricidad anunciada ayer por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como principal medida a corto plazo para hacer frente a la escalada de los precios de la energía durante los últimos meses. Ese gravamen penaliza con un 7 % las ventas de la centrales de producción y las compañías lo repercuten en el coste final al que comercializan los megavatios hora en el mercado mayorista. Al eliminarlo, se supone que bajará ese coste.

Fuentes de Transición Ecológica calcularon que la supresión de ese impuesto se traducirá en una rebaja del recibo doméstico cercana al 4 %. Para los grandes consumidores de energía, ese porcentaje alcanzará el 7 %.

De ese modo, si una familia media iba a pagar este mes en torno a 70 euros por la luz, finalmente desembolsará algo más de 67. Pero este cálculo es, de momento, ciencia ficción, porque Ribera no concretó cuándo será efectiva esa suspensión. En todo caso, el impacto de esta medida es limitado, pues la factura de septiembre de esa misma familia es ya un 14 % más cara que la del mismo mes del 2017.

Pero algo es algo. Y, mientras prepara una reforma más en profundidad del sistema eléctrico, el ministerio adoptará otras medidas de choque a corto plazo para aliviar los efectos de la subida de la electricidad entre las familias con menos ingresos.

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Bono calefacción

La ministra anunció la creación del bono calefacción para que las familias con menos recursos dispongan de una ayuda adicional para calentar su hogar. Ribera no dio muchos detalles, solo que será una contribución directa a beneficiarios del bono social. Esa medida social se inscribe, avanzó la ministra, en una nueva estrategia de lucha contra la pobreza energética, que afecta, añadió, a 4,6 millones de españoles. Ribera hereda un nuevo modelo de bono social eléctrico elaborado por su antecesor, Álvaro Nadal, que ahora se concede en función de la renta familiar. Además, prohíbe los cortes de suministro a consumidores considerados vulnerables severos atendidos por servicios sociales. Ribera celebró algunos de estos aspectos, pero el bono «no es suficiente, solo responde de forma parcial» a los problemas de muchas familias para pagar la factura eléctrica. La ministra respetará la bonificación en el recibo (que va del 25 al 40 %), pero la ampliará. Así, anunció que subirá el límite de renta para solicitarlo y que incluirá a las familias monoparentales. Pero no detalló nada más.

Ribera reafirmó su apuesta por el autoconsumo y el fomento de las renovables, facilitando la suscripción de contratos bilaterales (PPA) fuera del mercado mayorista. Para lo primero eliminará el popularmente conocido como impuesto al sol -un cargo que hay que pagar por estar conectado a la red general aunque no se recurra a ella-, aunque esto precisará cambiar la ley del sector eléctrico, con lo cual el PSOE dependerá del resto de los grupos.

Teresa Ribera también explicó un poco por encima que quiere obligar a las comercializadoras de electricidad a incluir en la factura que envían a sus clientes información adicional sobre el dinero que habría pagado el usuario si hubiese tenido, por ejemplo, un contrato de discriminación horaria.

La más cara manda

Pero Ribera quiere ir mucho más lejos en las reformas y atacar el origen del problema: el funcionamiento del mercado eléctrico. Este se rige por un sistema de casación de precios marginalista, lo que se traduce en que la oferta económica de la última central que coloca sus megavatios hora -que es la más cara, por eso es la última- es la que cobrarán todas las demás, incluidas las que ya tienen la inversión amortizada (como las hidráulicas y las nucleares). «¿Es apropiado retribuir a todas las tecnologías por igual?», se preguntó la ministra en voz alta. Para dentro pensaba que no. Cambiar este sistema precisará una reforma en profundidad que llevará su tiempo, aunque Ribera se comprometió a presentar una propuesta en un plazo de seis meses. Ayer avanzó que una opción de cambio es crear un mercado propio para la solar y la eólica con una «remuneración más atractiva».

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Una subida del recibo de la luz como la que se está registrando en los últimos meses es capaz de desbaratar cualquier presupuesto familiar, o el de un negocio. Las empresas hacen más ruido, y sus quejas se escuchan más. De su inquietud fue testigo ayer Manuel Pellicer, delegado general de Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) en la comunidad, en una comida de trabajo del Círculo de Empresarios de Galicia en la que, si algo quedó claro, es que la factura va a seguir subiendo.

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El impuesto a la generación fue instaurado hace cinco años por el ministro José Manuel Soria (PP). Fue una de las medidas incluidas en la reforma energética acometida por el Gobierno de Rajoy para aumentar ingresos como fuese para atajar el salvaje déficit del sistema eléctrico, entonces cercano a los 30.000 millones. Un día antes de que Ribera compareciera en el Congreso para anunciar la suspensión del gravamen, el PP de Casado comunicó que presentaba una proposición para que hiciese eso mismo. Fuentes populares explicaron que el sistema eléctrico ya genera superávit, pero cuando se creó, no, por eso era necesario el impuesto.

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