El ministerio deniega peticiones de bono social sin justificar los motivos

El Instituto Galego de Consumo recibe dos centenares de quejas por esas negativas

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera

redacción / la voz

Las oficinas de consumo, especialmente las municipales -porque están más a mano para los ciudadanos-, pero también la de la Xunta, son el paño de lágrimas de los clientes de las compañías eléctricas. Y, entre estos, los que más quebraderos de cabeza están sufriendo en los últimos meses son los que aspiran a renovar o solicitan por primera vez el bono social de la luz, que da derecho a un descuento mínimo en la factura del 25 %. Esa rebaja se debe solicitar ante las propias compañías comercializadoras, que canalizan las peticiones a través del Ministerio de Transición Ecológica (antes, de Energía). En muchos casos, la respuesta que obtiene el aspirante a beneficiario es un no. Y ahí, en saber por qué, empieza la odisea.

Fuentes de la Consellería de Industria informaron de que, desde finales del año pasado, el Instituto Galego do Consumo e da Competencia -que tramita quejas propias y también las que envían las oficinas municipales- recibió 202 reclamaciones de clientes a los que se les ha denegado el bono social. En 36 de esos casos ya quedó más o menos claro que el fallo lo cometieron las eléctricas que tramitaron esas solicitudes y el instituto autonómico trata de resolver los entuertos con ellas. Pero en el resto de los casos no se sabe a ciencia cierta por qué fueron denegadas las solicitudes de bono. La plataforma habilitada por el ministerio donde se introducen los datos de los solicitantes para cribar las peticiones simplemente respondió a esos usuarios que no cumplían los requisitos. Pero no detalló cuáles. Y sin saber esto, alega la Consellería de Industria, el Instituto Galego de Consumo no puede resolver esas reclamaciones. Pero quiere hacerlo. Para ello se dirigió al Ministerio de Transición Ecológica para pedir explicaciones en forma de informe motivado y justificado que incluya los requisitos que incumplen los clientes que recibieron la denegación.

Fuentes de la consellería explicaron que las primeras cartas se enviaron a Madrid en abril pasado, y que cada vez que llega una nueva reclamación se va comunicando también. Pero, de momento, el ministerio está dando la callada por respuesta, resaltó la consellería.

Las solicitudes de bono social se tramitan ante las eléctricas. Las compañías consultadas no detallaron cuántas solicitudes habían recibido y cuántas se habían denegado, alegando que no eran ellas las que decían sí o no a los clientes, sino el ministerio. Solo Endesa detalló que, hasta principios de septiembre, anotó 1.735 peticiones de bono social. Fueron aceptadas 812 y rechazadas, 923; se deniegan el 53 %, por documentación incompleta. Estos datos pueden servir como orientación de lo que está ocurriendo.

200.000 contratos caducarán

Entre las denegaciones y, sobre todo, la falta de información de los consumidores, lo cierto es que dentro de tres semanas casi 200.000 gallegos se quedarán sin el descuento en la factura eléctrica. Sus contratos expirarán el 9 de octubre, al caducar el antiguo modelo de bono social y entrar en vigor un nuevo mecanismo, que aplica criterios de renta. Hasta el momento disfrutarán de él en torno a 45.000 clientes de la comunidad. Para solicitar esa rebaja no hay una fecha tope, se puede tramitar siempre.

El límite de renta más elevado es de 18.700 euros al año con dos menores

El nuevo bono social, que se puede solicitar desde hace casi un año, beneficiará a las familias con menos ingresos y a todas las numerosas, las únicas que quedarán exentas de ese límite de renta. Atendiendo a ese baremo económico acordado por el anterior Ministerio de Energía, tendrán derecho al descuento del 25 % en la factura los hogares con dos hijos en los que entren 18.799 euros anuales. Y de ahí para abajo. Se tendrá en cuenta en número de menores que residen en el hogar y si existen circunstancias especiales reconocidas oficialmente, tales como minusvalía o si hay víctimas bien del terrorismo, bien de la violencia doméstica. Los de categoría de consumidores vulnerables severos (el límite de renta más alto es de 9.340 euros al año) tendrán una rebaja del 40 %.

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