La ministra Ribera prepara una reforma profunda y «valiente» del sistema de fijación de precios domésticos de la electricidad, aunque admite que «no hay recetas mágicas»
07 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La factura de la luz seguirá desbocada, avisa la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Y será así porque desde hace cuatro años está vinculada -no toda, pero sí en un tercio de lo que se paga- a lo que ocurra en el mercado mayorista de electricidad, en el que las cotizaciones varían de una hora para otra arrastradas, hacia arriba o hacia abajo, por, entre otros factores, el precio de los combustibles fósiles (carbón y gas natural) y de los derechos de emisión de CO2. Y todos ellos están al alza. Así que, con o sin renovables, el encarecimiento del recibo parece inevitable.
El de agosto, sin ir más lejos, será, para una familia media, un 11 % más elevado que el del mismo mes del año pasado. Y el de septiembre, si las cotizaciones siguen en sus trece, subirá un 14,6 %.
Pero ¿qué va a hacer la ministra para atajar esta escalada? Aparte de instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a que investigue si aprecia anomalías en la escalada de precios en el mercado, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explicaron que planean acometer «cambios estructurales, que pretenden ser valientes» en el sistema de fijación de precios eléctricos. Las mismas fuentes no concretaron ni en qué consistirán esos cambios ni cuándo los harían: «Se están considerando todas las opciones».
Esto abre la puerta a la adopción de todo tipo de medidas, desde desvincular la factura doméstica de los vaivenes del mercado mayorista -como hasta hace cuatro años- hasta suprimir el impuesto de electricidad (del 5,12 %), pasando por retirar algunos de los costes que los consumidores abonan en el recibo y que no están directamente vinculados con el consumo de electricidad. La propuesta de extraer algunos de esos peajes -que, en total, suponen la mitad de la factura, aproximadamente- para costearlos vía Presupuestos Generales del Estado no es nueva y hasta las propias compañías eléctricas son partidarias de ello.
Pero las mismas fuentes ministeriales avanzaron que «no hay recetas mágicas», ni tampoco «se puede bajar el precio de la noche a la mañana». Es decir, los consumidores no deben esperar milagros.
Aunque desde Transición Ecológica subrayaron que la prioridad que se han marcado es que los consumidores más vulnerables no vean ahogada su economía por el incremento de las tarifas eléctricas. En este sentido, se intensificará la campaña para que las familias menos pudientes soliciten el nuevo bono social, que desde hace unos meses aplica criterios de renta para disfrutar de los descuentos en la factura (las rebajas van del 25 al 40 %).
Entre tanto, directivos de compañías eléctricas echan balones fuera. Dos de ellos negaron ayer que esas empresas estén detrás de los incrementos de precios que se están registrando en el mercado desde mayo y aseguraron que ninguna compañía se está beneficiando de ese encarecimiento. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, reconoció que, en realidad, a las empresas les gustaría que los precios de los derechos de emisión de CO2 y de las materias primas «fueran más baratos».
Bogas defendió el buen funcionamiento del mercado mayorista y del sistema de casación de precios en él -la tecnología más cara es la que marca la tarifa media que cobrará el resto-, aunque sí propuso revisar el mecanismo por el que se fija la factura en el mercado regulado por el Gobierno.
En esa misma línea, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, señaló que no le parece razonable que el recibo doméstico sea «un espejo de los precios en el mercado mayorista», ya que los consumidores con menor poder adquisitivo necesitan tener certidumbre sobre lo que van a pagar.
