De «el diésel tiene los días contados» con el que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, estrenó su actividad pública en ese departamento en junio se ha pasado a la confirmación de que el Gobierno aprobará un impuesto adicional por el uso de ese combustible, tal y como confirmó ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Sin embargo, la medida aún no está tan definida para la titular de Industria, Reyes Maroto, quien, poco después de que hablara Sánchez, calificó esta posibilidad como un «globo sonda». Esto es, un planteamiento para testar cómo respira la sociedad y solo después actuar.
En su particular aclaración a las declaraciones del presidente, Reyes Maroto apuntó que el Gobierno «ni siquiera lo ha anunciado todavía». «Vamos a esperar», indicó, cuando todo el Ejecutivo, incluida Hacienda, ya cuenta con aplicar la subida al gasóleo para que sus precios en las estaciones de servicio se equiparen a los de las gasolinas. «Trabajamos con el sector de forma muy coordinada, pensando en la industria y en los consumidores», afirmó la ministra del ramo industrial.
En los intereses del sector automovilístico se encuentra una de las claves para entender las consecuencias de esta medida. Desde la patronal de fabricantes Anfac, han señalado de forma insistente la «posición muy relevante que tiene España como productor de vehículos diésel y sus motores». La industria emplea a 40.000 trabajadores y cuenta con 17 grandes fábricas (una de ellas, en Vigo, la de PSA) de las que salen al año 1,2 millones de vehículos diésel. Por ello, ha alertado a Maroto de «las graves consecuencias e implicaciones» de ese impuesto.
Sin embargo, el Gobierno está decidido a incrementar la imposición fiscal sobre este tipo de combustible. A juicio del presidente, Pedro Sánchez, el gasoil es «altamente contaminante». Además, lo hacen porque el Ejecutivo es «ecologista» y «comprometido con la transición ecológica». No es la primera vez que surgen versiones contradictorias. A principios de julio, la titular de Transición Ecológica se mostró claramente favorable a esta nueva fiscalidad, pero lo desautorizó la propia Maroto.