La falta de medios impide a los concellos cobrar una nueva tasa a las eléctricas

Pueden gravar a las distribuidoras de luz y gas, pero en Galicia solo Arteixo lo hace

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madrid / la voz

Ingresos por la utilización del suelo público y del espacio aéreo municipal para el transporte de energía, y más ingresos aún -concretamente el 1,5 % de la facturación- por cualquier servicio que las compañías eléctricas, gasistas o de hidrocarburos realicen a través de las líneas que tengan instaladas en el municipio. En Galicia, el Concello de Arteixo abrió hace cuatro años la espita de lo que puede ser una nada desdeñable fuente de financiación para los ayuntamientos, ya que la ley les permite gravar a las compañías distribuidoras de energía con tasas municipales como las descritas. Junto con el de Arteixo, también aprobaron a la vez ordenanzas fiscales similares los ayuntamientos de Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora).

En el caso del municipio coruñés, la recaudación media que se espera anualmente está en torno a los 3,5 millones de euros, de los que 150.000 corresponden a la tasa por el uso del suelo y el espacio públicos y el resto por el gravamen relativo al 1,5 % de la facturación por la potencia distribuida. Esta cuantía total supone prácticamente un 10 % del presupuesto municipal -de 37 millones en este ejercicio-, y se convierte en la segunda fuente de ingresos, solo por debajo del impuesto de bienes inmuebles (IBI), en el entorno de 5,5 millones de euros anuales.

Además, el Concello ha ingresado este año una cuantía mayor, de casi 7,2 millones de euros, correspondientes a las tasas de los cuatro años previos, a cuyo cobro autorizó el Supremo, después de que el pasado año fallara a favor del ayuntamiento y en contra de las eléctricas, que se oponían al este nuevo gravamen y recurrieron hasta el Alto Tribunal. 

Desconocimiento

¿Por qué entonces ningún otro ayuntamiento ha seguido, hasta ahora, el ejemplo de Arteixo? La explicación es doble. Por un lado, obedece al desconocimiento que existe aún sobre esta posibilidad normativa. Y por otro, por la complejidad del trabajo de inspección previo necesario para diseñar la ordenanza municipal y poder aplicar la tasa.

«Es un trabajo jurídico y de inspección sobre el terreno muy importante, porque hay que hacer un mapa de todas las líneas de energía que pasan por el municipio para poder determinar el espacio y el suelo público que se está usando, y gravar por ello a las compañías», explican fuentes municipales consultadas, para añadir que, precisamente por eso, hay ayuntamientos que no tienen ni personal para hacerlo ni tampoco capacidad económica para externalizar dicho trabajo. 

Lento goteo de adhesiones

Hasta el momento, únicamente otro municipio de la misma comarca, el de Abegondo, inició el pasado año el procedimiento para crear una tasa similar y cobrar por el uso del suelo público, aunque aún no ha entrado en vigor.

También en la provincia de Lugo la Diputación ha iniciado un convenio con diferentes concellos para elaborar un estudio previo sobre cómo podrían aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que respaldó (en enero del 2017) las tasas aprobadas en Arteixo frente a las compañías eléctricas, que se resistían a abonarla. En total, 51 municipios de los 67 de la provincia lucense se adhirieron a la propuesta de la Administración para realizar un mapa de las redes de energía que atraviesan los ayuntamientos.

En función de ese inventario se determinarán los diferentes tipos de tasas que se aplicarán, dependiendo de las instalaciones, las superficies, las longitudes que ocupan y las tensiones de cada una. El coste de contratación del inventario se cofinanciará al 50 % entre la Diputación y los concellos participantes.

Fuentes consultadas explican que también se trató el asunto en la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), aunque de modo informal.

El Supremo avaló el gravamen, que en el concello arteixán es un 10 % del presupuesto anual 

El origen de esta nueva figura fiscal está en cuatro años atrás. En el 2014 Arteixo aprobó unas ordenanzas municipales «pioneras», ya que incluían las tasas referidas: una por el 1,5 % de la potencia energética que pasaba por el concello y otras por el uso del dominio público (se calcula por metros cuadrados). «Nadie lo estaba haciendo», recuerdan fuentes municipales. Y a las grandes compañías eléctricas no les gustó en absoluto tener que asumir un nuevo impuesto que puede darle un mordisco a su cuenta de resultados, además de abrir el camino a que otras administraciones locales de España, con extensión suficiente y por las que pasen líneas de alta tensión, gasoductos u oleoductos, acaben copiándolo.

De hecho, se resistieron todo lo posible llevando las ordenanzas fiscales del 2014 de Arteixo, Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora) a los tribunales. Los recursos llegaron hasta el Supremo, que en enero del pasado año desestimó los argumentos de Red Eléctrica, Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy) y Gas Galicia y dio la razón a los municipios.

Desde el Concello de Arteixo explican que, en su caso, la recaudación por estas tasas es tan elevada -en torno al 10 % de su presupuesto anual- porque es un municipio eminentemente industrial. «Tenemos el polígono de Sabón y casi el 50 % de la refinería. Y ya que soportamos los inconvenientes de la industria, se trata de que esta aporte algo que mejore las dotaciones municipales y la calidad de vida de la ciudadanía», añaden.

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