Liquidar el Popular habría extendido las quiebras a más bancos, según Bruselas

En Bruselas tienen cada vez más claro que la polémica resolución del Banco Popular, ejecutada a instancias de las autoridades europeas el 7 de junio del 2017, fue lo mejor que podían haber resuelto. O, al menos, el escenario menos malo. No solo en términos de los perjuicios causados a sus accionistas y acreedores, de los que dice que «no habrían recibido mejor trato» de haber ido directamente a un concurso de acreedores, sino también para el conjunto de la banca.

Y es que la recuperación del sector financiero aún no se ha completado, pese a mejorar claramente sus cuentas tras el rescate de 41.300 millones de euros que España pidió en el 2012 para recapitalizarlo y del que quedan por devolver casi la mitad (23.700 millones). Por eso, la Junta Única de Resolución (JUR), uno de los mecanismos de la unión bancaria implementados por la Comisión Europea, advierte en su último informe de que de no haber actuado como lo hizo hace un año «se hubieran podido producir nuevos casos de iliquidez, creando un círculo vicioso» para el conjunto de la banca española que «podría haber provocado que hubiera situaciones de inviabilidad y liquidaciones» de más entidades.

Ese informe, elaborado a petición de los responsables de la JUR por la auditora Deloitte, explica que al ser el Popular el sexto banco español por activos, liquidarlo habría «impactado» en otros bancos, «especialmente» en aquellos que ya tuvieran «problemas de liquidez y solvencia».

Es más, como en un efecto dominó, estima que «el aumento de las primas de riesgo por la mayor incertidumbre» habría generado situaciones similares y, por tanto, las autoridades europeas y españolas se habrían encontrado en la tesitura de ver si había que «resolver» más entidades a punto de quebrar, es decir, haber tabla rasa sobre su valor y estudiar su traspaso.

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