Los municipios gallegos recibirán 45 millones menos el año que viene por el nuevo IVA

Alfredo García, presidente de la Fegamp y alcalde socialista de O Barco, asegura que darán tiempo al Gobierno para buscar una solución al problema


Redacción

Tras la denuncia de la Xunta, a la que luego se sumó el gobierno asturiano, ahora son los ayuntamientos y las diputaciones gallegas las que se quejan de la merma de ingresos que les supondrá la entrada en vigor del nuevo sistema del IVA. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) calcula que las entidades locales de la comunidad perderán el año que viene 45 millones de euros por su participación en los ingresos del Estado.

Y es que el nuevo modelo de gestión del tributo, bautizado como suministro inmediato de información (SII) y que entró en vigor el verano pasado, amplía el plazo para la presentación de la declaración del impuesto hasta el día 30 de cada mes (antes era hasta el 20). Eso provoca que las liquidaciones de diciembre no se ingresen efectivamente en caja hasta principios de enero. Al desplazar el dinero de esa mensualidad a otro año, hay una merma de los ingresos tributarios del Estado contabilizados en el 2017, lo que provoca que a la hora de calcular la parte del pastel que se transfiere a las comunidades y entidades locales esta también se reduce.

Aunque esa distorsión solo se produciría el primer año, ya que al siguiente se recuperarían las doce mensualidades habituales, los ayuntamientos gallegos no están dispuestos a recibir menos dinero para sus presupuestos del próximo ejercicio, sobre todo en un año electoral como es el 2019, en el que se renuevan todas las corporaciones locales del país, y recuerdan que no hay justificación, «dado que non existe unha mingua de ingresos». 

Tiempo para una solución

Alfredo García, presidente de la Fegamp y alcalde socialista de O Barco, aseguró que darán tiempo al Gobierno para buscar una solución al problema, «máis se cabe tendo en conta que quen debeu no seu día realizar os axustes non o fixo», en alusión al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que fue quien impulsó la introducción del SII en julio del 2017. Pero tiene claro que «o que non pode ser é que un simple cambio técnico na xestión dun imposto supoña un custo cifrado en máis de 750 millóns de euros para todas as entidades locais do Estado, e máis de 45 no caso dos concellos e deputacións galegas».

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