La tarifa plana de 50 euros dispara las altas de falsos autónomos en Galicia

El decreto del Gobierno para perseguir el fraude choca con las ayudas que lo incentivan


redacción / la voz

Hugo tiene 28 años y desde junio es un falso autónomo. Se acogió a la tarifa plana de 50 euros (la cuota bonificada) que brinda el Estado para incentivar el empleo por cuenta propia. Estudió Derecho, y ser autónomo fue la condición que le impusieron en el despacho de abogados de Vigo con el que trabaja en exclusiva si quería incorporarse al bufete. Esta cuota reducida durante los dos primeros años es también el aliciente que llevó a Dani a hacerse repartidor de Glovo. Pedían autónomos con plena dedicación (aunque esto no consta por escrito en ningún contrato). A una media de 5 euros por encargo, y un sueldo neto próximo a los 800, con la tarifa plana le salen las cuentas.

Casos como el de Dani, modelos de empleo al margen de la ley, son los que el Gobierno quiere combatir. El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un real decreto con el fin de garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General. Pero la medida ideada por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no convence.

Eduardo Abad, secretario general de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), sostiene que el decreto es insuficiente, y da la solución: «Un sistema de registro obligatorio de los contratos, que hasta ahora son voluntarios; además de dotar a la Inspección de Trabajo de todos los instrumentos necesarios para un ejercicio coherente de su actividad».

Bonificación sin control

Abad cuestiona la «ligereza» con la que se bonifica la entrada al régimen de autónomos. Explica que esta es una de las causas que más contribuye a alimentar el fraude, «porque no se comprueba si detrás de esa alta en el RETA [Régimen Especial de Trabajadores Autónomos] existe una actividad económica», afirma.

Desde su puesta en marcha en el 2013, más de 70.000 emprendedores gallegos se hicieron autónomos con esta ayuda.

La figura del falso autónomo genera una pérdida de derechos laborales que afecta, principalmente, al trabajador que debiera ser contratado como asalariado. También es perjudicial para el Estado, que deja de ingresar mucho dinero. ¿Cuánto? Dice UPTA que cualquier estimación es imprecisa, porque estamos hablando de un fraude. El Gobierno dice que con su decreto pueden aflorar 40.000 falsos autónomos. Según ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos, la Seguridad Social deja de ingresar entre 300 y 400 millones de euros al año por el mal encuadramiento de los trabajadores en el Régimen de Autónomos.

«Esta forma encubierta de trabajo asalariado hace mucho daño a las empresas que cumplen la ley. Es competencia desleal que hay que atajar», dice Lorenzo Amor, presidente de ATA.

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