Las ayudas a la contratación para pymes y autónomos, a punto de desaparecer

Cuando la tasa de paro baje del 15 % varias bonificaciones decaerán, como el contrato de apoyo a emprendedores


madrid / la voz

Nacieron con fecha de caducidad, y ese momento se acerca. Son una serie de ayudas y bonificaciones incluidas en la ley de medidas de apoyo al emprendedor, de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, una normativa que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en julio del 2013, cuando la crisis golpeaba con la peor de las durezas al mercado laboral.

De hecho, en el momento de su aprobación la encuesta de población activa (EPA) arrojaba una tasa de paro del 25,65 %, casi su peor registro histórico, alcanzado en el primer trimestre de ese año: el 26,94 %. Con uno de cada cuatro españoles en disposición de trabajar desempleados, era urgente adoptar medidas.

Por ello, en lo relativo al empleo, la ley incluía una serie de ayudas para impulsar la contratación por parte de pymes y autónomos, además de medidas especiales para los jóvenes. Eso sí, dichos estímulos nacían con fecha de caducidad: el momento en el que la tasa de paro bajase del 15 %. Y este escenario, según recoge la última actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno de Pedro Sánchez, está cerca. Podría producirse a principios del próximo año, ya que esperan cerrar el 2018 en el 15 %. De hecho, según la última EPA, publicada a finales de julio y correspondiente al segundo trimestre, el porcentaje de desempleados bajó del 16 % por primera vez desde la crisis, al 15,28 %.

Adiós a la estrella de la reforma

El país ha necesitado un lustro para situar el mercado laboral a punto de funcionar sin la respiración asistida que han supuesto las ayudas. ¿Cuáles expirarán? Pues una de ellas será el contrato de apoyo a los emprendedores, la novedad estrella de la reforma laboral del 2012, cuya vigencia se ligaba a la tasa de paro.

Esta fórmula permite contratar a mayores de 45 años que estén inscritos a los servicios públicos de empleo como demandantes de un puesto de trabajo. La bonificación, que solo podrán solicitar empresas con menos de 50 empleados, asciende a 1.300 euros anuales durante tres ejercicios, que suben a 1.500 en el caso de mujeres en ocupaciones en las que este colectivo esté menos representado.

Igualmente, habrá que olvidarse de las ayudas a la contratación indefinida en nuevos proyectos de emprendimiento joven, que consisten en una reducción del 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social durante un año. También están sujetas a un desempleo superior al 15 % los incentivos a la contratación de jóvenes menores de 30 años. Son un tipo de contrato de apoyo a emprendedores (con idénticas condiciones de duración: 3 años) con ayuda creciente, ya que el primer año se bonifican 1.000 euros, que suben a 1.100 y 1.200 en los dos siguientes. De nuevo, la contratación de mujeres en sectores en los que están infrarrepresentadas se prima con 100 euros anuales más cada año.

La desaparición se extiende a los contratos a tiempo parcial con vinculación formativa para menores de 30 años (bonificación del 100 % para empresas de menos de 250 trabajadores y del 75 % para las de más). Serán contratos indefinidos o de duración determinada y los jóvenes deberán figurar inscritos como demandantes de empleo. Del mismo modo se acabará la bonificación del 100 % de las cuotas sociales (12 meses) para las microempresas o autónomos que contrataran de forma indefinida a jóvenes. Tampoco se mantendrán las reducciones aplicables a los contratos en prácticas para menores de 30 años.

El ministerio se centra ahora en luchar contra el fraude laboral

Si hace un lustro la prioridad absoluta era taponar la sangría de empleos que había provocado la crisis, ahora el Ejecutivo ha colocado la lucha contra la precariedad y el fraude laboral bajo el foco. De hecho, en el último Consejo de Ministros de julio se aprobó el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, en el que se invertirán 30 millones de euros (15 por año) y que consta de 77 medidas: 55 actuaciones de la Inspección y 20 medidas organizativas.

Asimismo, se ha dado luz verde a dos planes de choque, contra la temporalidad y la parcialidad, que han arrancado esta misma semana. Entre las medidas que incluyen destaca, por ejemplo, duplicar el número de inspecciones a empresas (hasta casi las 16.000, de aquí a finales de año) para detectar nuevas formas de fraude a la Seguridad Social, o poner coto al abuso de, por ejemplo, figuras como la de los falsos autónomos, que son realmente trabajadores por cuenta ajena.

El ministerio también incrementará un 25 % la plantilla de la Inspección de Trabajo (se convocarán 833 nuevas plazas en cinco años) para que puedan cumplirse los objetivos previstos contra el fraude laboral.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció que las acciones incluidas en el Plan Director recién aprobado se someterán a un seguimiento periódico semestral en dos organismos diferentes. Su evaluación completa será en el 2020, mientras que la de los planes de choque será el próximo enero.

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