¿Madrid paga favores con la autopista gallega?

La principal vía que vertebra Galicia se ha convertido en moneda de cambio para ciertas operaciones en la capital de España

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Al margen del griterío de los políticos gallegos -siempre andan a la greña y nunca se ponen de acuerdo en prácticamente nada-, lo cierto es que ninguno de ellos ha criticado la propuesta de que la titularidad de la autopista pase a manos de la comunidad. Pero la reivindicación siempre ha caído en saco roto. La Moncloa -antes con inquilino del PP (el mismo partido que el del presidente de la Xunta) y desde hace dos meses con uno del PSOE- no hace ni caso. ¿Acaso hace oídos sordos, o simplemente se trata de una sordera? No parece un problema físico, más bien lo que ocurre es que no le interesa. Motivos: puede deducirse que favores con favores se pagan, y que la principal vía que vertebra Galicia se ha convertido en moneda de cambio para ciertas operaciones en la capital de España. Si esto es cierto, a los gallegos no nos lo va a reconocer nadie, aunque parece evidente.

En primer lugar, Madrid nada gana o pierde por ceder la titularidad de la autopista que está en un rincón de España en el que los políticos de la corte no suelen tener en cuenta para nada. Basta con analizar en qué tiempos han llegado al noroeste de España infraestructuras vitales para la economía del territorio.

Para Madrid, la AP-9 es calderilla. Ni se preocupa por ella ni controla a los gestores. Es lo que ocurre cuando los centros de decisión están en la lejanía. Se trata de un problema de proximidad y de agilidad en las soluciones. Ocurrió, por ejemplo, que Galicia propuso una comisión bilateral para tratar el caso de la AP-9, y la respuesta vino al ritmo que van los coches por una comarcal. Es de sobra conocido el bloqueo para dar una respuesta a las conexiones de la autopista con la Vía Ártabra en A Coruña y de la estación intermodal de Vigo. La menor sensibilidad también se percibió en el enlace de la autopista con la Ciudad de la Cultura, cuyas negociaciones comenzaron en el 2004 y no fue una realidad hasta antes de ayer, como quien dice. Otro ejemplo: la ampliación del puente de Rande, que todos critican en voz baja porque se sabe que si hay un accidente, el colapso es seguro. ¿Quién tomó la decisión, y por qué? No tener la titularidad de la AP-9 significa no tener ningún tipo de arma para negociar con los gestores y exigirles sus obligaciones.

Hoy por hoy, la Xunta no pinta nada en todo lo que le ocurra a la principal vía de Galicia, que comenzó a construirse a principios de los setenta y que tienen la concesión hasta el 2048. El capital de Itínere -su propietario- acaba de pasar a manos de tres fondos de pensiones extranjeros que controlan Globalvía -la operación todavía está pendiente de cerrarse definitivamente- y que en las próximas tres décadas tienen garantizados el cobro de unos 140 millones de euros al año en peajes. ¡Casi nada! Lo cierto es que aunque el traspaso a la Xunta se hiciese, los peajes no se iban a eliminar; sí, quizá, flexibilizar. Dicen los gestores que la autopista no está amortizada, pero lo cierto es que la Xunta no tiene acceso al plan económico financiero. También dicen que hay realizada una inversión de 1.555 millones, y que la amortización ronda los 500. Puede ser; puede no serlo porque la clave para confirmarlo está en el documento del plan económico secreto, y saber si se negoció bien, mal o regular.

En resumen, Galicia padece un déficit histórico de las vías de alta capacidad. Los desequilibrios con el resto de España son evidentes, y todos dudamos que estas cuestiones no sean fruto de esos favores intangibles. Porque no les quepa duda, también existen.

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