La cúpula de Caixanova, de nuevo al banquillo

La Audiencia Nacional procesa al expresidente Fernández Gayoso y a otros cinco exdirectivos por administración desleal en una operación inmobiliaria en la que la entidad perdió 41,8 millones


Madrid / La Voz

El expresidente de la antigua Caixanova, Julio Fernández Gayoso, se encamina de nuevo al banquillo. Junto a él lo harán también otros cinco exdirectivos de la extinta entidad financiera: quien fue director general, José Luis Pego; el director de la División Comercial, Gregorio Gorriarán (ambos condenados ya por la Audiencia Nacional, junto con Gayoso, a dos años de cárcel por la percepción irregular de jubilaciones millonarias a su salida de la caja quebrada); el responsable de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, considera que existen «indicios suficientes» para juzgarlos por su responsabilidad en operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid que, a través de una filial de Caixanova, la financiera Proinova, acabaron suponiendo un quebranto económico de 41,8 millones de euros a la antigua caja, cuyo negocio ha heredado la actual Abanca.

Por ello, Lamela les imputa a los seis la presunta comisión de un delito societario continuado, en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social. En el auto de transformación de las diligencias previas del caso en procedimiento abreviado -antesala de la apertura de juicio oral- la magistrada ha archivado, a petición de la Fiscalía, las actuaciones sobre otras doce personas investigadas en la causa; entre ellos, el hermano de Gregorio Gorriarán, Antonio, y también José Luis Suárez Gutiérrez, presidente y principal accionista del grupo Copasa, así como otros directivos vinculados a la construcción.

La Audiencia Nacional inició la investigación en el año 2015, a raíz de una denuncia de Fiscalía, que fue avisado previamente por el FROB, el fondo que rescató las cajas con dinero público. La financiación de los terrenos en Rivas por parte de Caixanova está entre las operaciones que el FROB remitió a Anticorrupción por sospechas de irregularidades.

En los 22 folios del auto, la jueza examina las operaciones sospechosas, concluyendo que han podido provocar un perjuicio patrimonial a Proinova (la financiera inmobiliaria de Caixanova) «a favor» del grupo de empresarios de la construcción -varios vinculados a Galicia- que participaban en este negocio.

Gayoso, Pego y Gorriarán ya están condenados por el cobro irregular de retiros millonarios En resumen, se trata de la concesión de un crédito inmobiliario de 67,1 millones de euros a la mercantil Rivas ACI S.L., una unión temporal de varias empresas, para comprar terrenos en los que construir viviendas protegidas en Rivas-Vaciamadrid. Según la jueza, en la operación, que data del 2007, se dio la espalda al riesgo que suponían tanto la cuantía como los signos de pinchazo de la burbuja, pese a la advertencia de los analistas, que recomendaron no asumir en solitario la financiación.

Actuación «inadecuada»

Gayoso, Pego y Gorriarán, «de manera concertada y en una actuación profesionalmente inadecuada, trasladaron las bondades de la operación coadyuvando de manera decisiva a la toma de la decisión final por el órgano colegiado de aprobarla», señala la jueza, subrayando además que financiar los 67,1 millones «excedía el límite permitido por el manual para viviendas».

Tras repetidos impagos, y refinanciaciones aprobadas por los acusados -un procedimiento muy utilizado en el sector financiero en los primeros años de la crisis para enmascarar los fallidos-, el crédito finalmente se canceló en el 2010 al quedarse Proinova con las fincas (por valor superior al del mercado pero equivalente a lo que restaba del préstamo, para luego vender parte (por 14,5 millones) a otra sociedad vinculada, de nuevo, con los mismos prestatarios.

El perjuicio económico para la caja, según el escrito de la jueza, asciende a 41.853.839 euros, según el informe de la operación realizado por PwC. Contra este auto cabe ahora, en el plazo de tres días, recurso de reforma ante el mismo juzgado y de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Los exresponsables de Bancaja, a juicio por un agujero a la entidad de 750 millones

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al expresidente de la Generalitat Valenciana y de las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, y a los exdirectivos José Luis Izquierdo y Domingo Parra por llevar a cabo un operativo de desfalco, por valor de 750 millones de euros, a través de inversiones inmobiliarias al grupo hotelero Grand Coral en México. «Un quebranto económico del 100 % de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras en el Grupo Grand Corald» afirma la titular del Juzgado Central. Los promotores del resort, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch, también han sido imputados, además de otras 39 personas.

Lamela ha clasificado estos delitos como administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o apropiación indebida y delito de blanqueo de capitales.

Desde el 2005 hasta el 2009, Bancaja y Banco de Valencia, presididas en ese momento por Olivas, participaron en inversiones inmobiliarias de grandes sumas económicas en Baja California y en la Riviera Maya de la mano del grupo hotelero Grand Coral.

La magistrada enfatiza el papel activo de Olivas en esta trama en tanto que no solo conocía sino que alentaba los desembolsos a los tres hoteleros, quienes, añade, pagaron al expresidente de Bancaja -que además el próximo noviembre será juzgado por las salida a bolsa de Bankia, de la que fue vicepresidente- hasta catorce viajes a Cuba por motivos de ocio.

Adopta así el criterio de la Fiscalía, que cargaba además contra integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral en varias operaciones, así como en la refinanciación de la deuda del grupo.

Entre las operaciones sospechosas, Lamela resalta dos en las que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia, que fueron transferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo.

José Luis Méndez, ex director general de Caixa Galicia, también investigado por dos operaciones inmobiliarias

r. s.

Las investigaciones abiertas hace cinco años por parte del FROB a operaciones sospechosas en las cajas gallegas superan la decena, y se han ido remitiendo regularmente a la Fiscalía para ver si son susceptibles de una investigación judicial por los considerables quebrantos económicos que provocaron.

Gracias a la documentación remitida por el FROB se han destapado los casos investigados a Caixanova -es la entidad con más operaciones abiertas en la Audiencia Nacional-, pero también a la cúpula de Caixa Galicia. Quien durante treinta años fue su máximo dirigente, José Luis Méndez, está investigado en dos procedimientos diferentes, según fuentes financieras y judiciales. En ambos casos se trata de financiaciones para operaciones urbanísticas que terminaron provocando un agujero económico a una entidad que, tras su fusión con Caixanova, terminó recibiendo más de 9.000 millones en ayudas públicas. Méndez, según explican las mismas fuentes, ya declaró como imputado el pasado otoño, aunque se desconoce si lo hizo en persona o por escrito, ya que tiene problemas de salud. También lo hicieron otros directivos de la misma entidad coruñesa.

Dos casos en Levante

El primer procedimiento por el que fue investigado es una operación llamada Cueva Mar, en Roquetas de Mar (Amería), y el caso lo lleva la jueza Lamela, la misma que acaba de cerrar la instrucción para la cúpula de Caixanova. Se calcula que el agujero superó los 20 millones de euros.

La segunda también está vinculada al Levante, en concreto a Callosa de Segura (Alicante), en un proyecto llamado Miragolf, aunque no han trascendido más detalles sobre el impacto que pudo tener. De momento, no se ha avanzado en la operación más controvertida, la participación de Caixa Galicia en Astroc.

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