La cúpula de Caixanova, de nuevo al banquillo

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

benito ordoñez

La Audiencia Nacional procesa al expresidente Fernández Gayoso y a otros cinco exdirectivos por administración desleal en una operación inmobiliaria en la que la entidad perdió 41,8 millones

04 ago 2018 . Actualizado a las 00:23 h.

El expresidente de la antigua Caixanova, Julio Fernández Gayoso, se encamina de nuevo al banquillo. Junto a él lo harán también otros cinco exdirectivos de la extinta entidad financiera: quien fue director general, José Luis Pego; el director de la División Comercial, Gregorio Gorriarán (ambos condenados ya por la Audiencia Nacional, junto con Gayoso, a dos años de cárcel por la percepción irregular de jubilaciones millonarias a su salida de la caja quebrada); el responsable de la División de Planificación Financiera y Control, Domingo González Mera; el del Comité de Inversión Irregular, José González Rodríguez, y el de la Unidad de Reestructuración, Isaac Alberto Miguel Lourido.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, considera que existen «indicios suficientes» para juzgarlos por su responsabilidad en operaciones inmobiliarias en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid que, a través de una filial de Caixanova, la financiera Proinova, acabaron suponiendo un quebranto económico de 41,8 millones de euros a la antigua caja, cuyo negocio ha heredado la actual Abanca.

Por ello, Lamela les imputa a los seis la presunta comisión de un delito societario continuado, en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social. En el auto de transformación de las diligencias previas del caso en procedimiento abreviado -antesala de la apertura de juicio oral- la magistrada ha archivado, a petición de la Fiscalía, las actuaciones sobre otras doce personas investigadas en la causa; entre ellos, el hermano de Gregorio Gorriarán, Antonio, y también José Luis Suárez Gutiérrez, presidente y principal accionista del grupo Copasa, así como otros directivos vinculados a la construcción.

La Audiencia Nacional inició la investigación en el año 2015, a raíz de una denuncia de Fiscalía, que fue avisado previamente por el FROB, el fondo que rescató las cajas con dinero público. La financiación de los terrenos en Rivas por parte de Caixanova está entre las operaciones que el FROB remitió a Anticorrupción por sospechas de irregularidades.

En los 22 folios del auto, la jueza examina las operaciones sospechosas, concluyendo que han podido provocar un perjuicio patrimonial a Proinova (la financiera inmobiliaria de Caixanova) «a favor» del grupo de empresarios de la construcción -varios vinculados a Galicia- que participaban en este negocio.

Gayoso, Pego y Gorriarán ya están condenados por el cobro irregular de retiros millonarios En resumen, se trata de la concesión de un crédito inmobiliario de 67,1 millones de euros a la mercantil Rivas ACI S.L., una unión temporal de varias empresas, para comprar terrenos en los que construir viviendas protegidas en Rivas-Vaciamadrid. Según la jueza, en la operación, que data del 2007, se dio la espalda al riesgo que suponían tanto la cuantía como los signos de pinchazo de la burbuja, pese a la advertencia de los analistas, que recomendaron no asumir en solitario la financiación.

Actuación «inadecuada»

Gayoso, Pego y Gorriarán, «de manera concertada y en una actuación profesionalmente inadecuada, trasladaron las bondades de la operación coadyuvando de manera decisiva a la toma de la decisión final por el órgano colegiado de aprobarla», señala la jueza, subrayando además que financiar los 67,1 millones «excedía el límite permitido por el manual para viviendas».

Tras repetidos impagos, y refinanciaciones aprobadas por los acusados -un procedimiento muy utilizado en el sector financiero en los primeros años de la crisis para enmascarar los fallidos-, el crédito finalmente se canceló en el 2010 al quedarse Proinova con las fincas (por valor superior al del mercado pero equivalente a lo que restaba del préstamo, para luego vender parte (por 14,5 millones) a otra sociedad vinculada, de nuevo, con los mismos prestatarios.