De Sousa se escuda en el éxito de Nueva Pescanova para solicitar su absolución

Se declara víctima de la banca, y pide que Robatto y González testifiquen en el juicio


vigo / la voz

El negocio puesto en marcha en 1960 continúa en pie, y ese es el argumento al que se aferra Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova, para pedir su libre absolución como responsable de la insolvencia de la empresa declarada en quiebra en el 2003 con una deuda de 3.600 millones de euros.

El escrito de la defensa, entregado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el pasado 27 de julio, sostiene que el comportamiento del principal investigado, sobre el que pesa una petición de condena de 31 años de prisión, «no es constitutivo de delito alguno». Y para justificar la declaración de inocencia se vale de los buenos resultados que a día de hoy muestra la compañía que él abandonó en septiembre del 2013, con el grupo pesquero sumido en un complejo proceso concursal del que salió casi dos años más tarde, refundado como Nueva Pescanova, con los grandes bancos acreedores convertidos en dueños mayoritarios.

«Hace escasas fechas [Nueva Pescanova] acaba de anunciar la renovación de su flota y la adquisición de la empresa sudafricana Unick Fish», dice el escrito de la defensa, para que conste ante el juez que el grupo «no es una empresa fallida, no ha desaparecido, no se han perdido los puestos de trabajo, ni el tejido industrial que sostiene en España y en el extranjero. Es una empresa con futuro», afirma.

El escrito llega a ensalzar la labor del investigado. «Pasado el tiempo se aprecia el acierto de las inversiones en acuicultura, y el gran valor de los proyectos emprendidos en su día».

El auto de apertura de juicio oral del pasado 11 de junio concluyó que Pescanova quebró por una financiación irregular planificada de forma consciente. Según el juez, los administradores, bajo el control último de Sousa, falsearon la situación contable al menos desde el 2009 al 2011.

La defensa del expresidente del grupo pesquero alega al respecto que Pescanova fue víctima de un proceso piramidal insostenible alimentado por los bancos, a los que responsabilizan del endeudamiento del grupo. Niega la práctica de una financiación irregular y arremete contra las entidades financieras por haberse beneficiado de esta situación.

¿Imputar a Nueva Pescanova?

Los abogados de Sousa apelan a su derecho de defensa para denunciar lo que consideran una incoherencia: «Este ingente volumen de deuda se generó para responder al igualmente ingente volumen de gastos financieros cobrados a Pescanova por las entidades bancarias». Y va más allá: «Lo procedente en derecho será convocar a juicio a las entidades financieras que durante años se beneficiaron de tales negocios y que sean compelidas a devolver lo recibido por tales negocios».

El escrito de defensa salpica también a Nueva Pescanova, sociedad que considera «heredera de un negocio en marcha, con una marca líder en España y en otros países, así como con activos estratégicos de indudable valor».

Y De Sousa pide al juez que la responsabilidad civil solidaria y subsidiaria de Pescanova SA ha de trasladarse, en calidad de heredera, a Nueva Pescanova, y para ello solicita «la necesaria convocatoria a juicio» de la nueva sociedad «con el mismo carácter en el que se encuentra convocada Pescanova SA», es decir, como investigada.

Por este motivo, el escrito solicita como pruebas a practicar antes de la celebración del juicio los documentos de fundación de la nueva sociedad, así como sus últimas cuentas anuales.

También pide la citación como testigos en el juicio del presidente de Nueva Pescanova, Jacobo González Robatto, y del consejero delegado de la firma, Ignacio González.

Rosario Andrade y Pablo Fernández piden su exculpación

j. a. bravo

El auto del 11 de junio convierte al expresidente de la vieja Pescanova, Manuel Fernández, en el principal procesado por la quiebra de la compañía, al ser el único que acumula nueve delitos por los que será juzgado: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa para captar inversores, estafa a entidades financieras, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor. Junto a él, 18 personas físicas (además de 12 personas jurídicas) de su máxima confianza vinculadas a los órganos de dirección se enfrentan también a peticiones de cárcel que juntas suman 133 años.

Destacan los 12 años y medio solicitados para el exconsejero Alfonso Paz Andrade por los delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible y uso de información relevante.

Pero, además, el proceso podría acabar con hasta cuatro miembros de la misma familia de Fernández de Sousa en la cárcel.

La peor parte se la lleva su hijo mayor, Pablo Javier Fernández Andrade, para quien el fiscal pide diez años y medio de condena por falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, delito continuado de estafa y otro de insolvencia punible. El escrito de la defensa presentado al juez De la Mata solicita la libre absolución del hijo de Sousa. Sostiene que no hay pruebas de delitos y «no procede la imposición de pena alguna, ni puede hablarse de responsabilidad civil derivada de delito».

Para la esposa del expresidente de Pescanova, María Rosario Andrade Detrell, la condena solicitada es de tres años por alzamiento de bienes o blanqueo. Su defensa declara que no procede la imposición de sanción penal alguna y solicita la absolución, al tiempo que pide que testifique en el juicio el asesor jurídico de Banif, banco al que transfirió varias sumas investigadas.

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