La Administración persigue a una vecina de Muxía porque tuvo una hija recién dada de alta en la agraria
21 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Elena y Marcos son una pareja joven, que trabaja en el rural y que tiene hijos. Toda una especie en peligro de extinción que, a juzgar por los eslóganes gubernamentales, debería estar más protegida que el lince ibérico y que, sin embargo, se ha topado con un castigo de la Seguridad Social; básicamente por eso, por querer trabajar y formar una familia.
Según relata la propia afectada, que ahora tiene 37 años, sus planes para ponerse con las vacas empezaron a principios del 2016 y, de hecho, aún ayer aprobó en Guísamo uno de los cursos que está realizando. Miró otras cosas, pero no encontró nada que le convenciese y decidió ponerse a trabajar con su marido. Crearon una sociedad y empezaron con todo el papeleo para en febrero solicitar la ayuda de nueva incorporación, que asciende a 20.000 euros, pero que se quedan en unos 17.000 después de impuestos. Como los trámites son bastante largos se extendieron al año siguiente y por el camino Elena se quedó embarazada. En agosto del año pasado dio a luz y cuando fue a pedir la baja por maternidad empezaron sus problemas. «Din que cometín un fraude moi grave á Seguridade Social, porque me dei de alta só para cobrar a baixa de maternidade, cando realmente a propia subvención xa me obriga a estar dada de alta polo menos cinco anos. Primeiro penalizáronme con seis meses sen baixas e agora eliminaron a miña alta, como se non existise. Eses meses que paguei á Seguridade Social perdinos, nin coticei nin nada», relata la mujer, que además de esta hija, que el mes que viene cumplirá un año, tiene otra de cinco.
Las mejoras realizadas en la explotación de leche están a la vista, la pareja ha cobrado la mitad de la ayuda que le correspondía y Elena se ha vuelto a apuntar en la rama agraria del Régimen Especial de Autónomos, aunque ahora conste solo desde mayo de este año y no desde que empezó a pagar, en julio del 2017, un mes antes de dar a luz.
Un relato sin desperdicio
El propio relato de los hechos de la Seguridad Social no tiene desperdicio: «Cierto es que una conducta fraudulenta como la que aquí se analiza tiene difícil prueba [...] por ello la existencia de la infracción imputada solo se puede obtener, para el caso que nos ocupa, por la vía de las presunciones». Una argumentación que para el abogado de Elena, Antonio Veres, resulta algo más que asombrosa «porque viene a decir poco menos que saben que no hay pruebas de eso, pero que lo suponen y ya está».
En definitiva, la Administración se defiende que la mujer empezó a cotizar para coger la baja, y la afectada insiste en que se dio de alta en los plazos que le marcaron para acogerse a la subvención. De ahí que si el recurso presentado no prospera piense recurrir a los tribunales.